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Hay tareas de gobierno y tareas de Estado. La Comisión Verdad y Niñez pertenece, sin duda, a las segundas. Por eso resulta preocupante que un cambio de administración pueda traducirse, en los hechos, en el debilitamiento de un proceso que Chile demoró décadas en asumir. Creemos que eso es precisamente lo que está ocurriendo.
La creación de la comisión responde a una deuda histórica largamente documentada y reconocida —aunque no abordada— por organismos públicos, gobiernos de distintas tendencias, organizaciones de víctimas, la academia y organismos internacionales. El decreto que la creó recoge estos antecedentes y el compromiso asumido por el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Su mandato es esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1979 y 2024, reconstruir sus antecedentes y circunstancias, escuchar a víctimas y sobrevivientes, reconocerlas como tales, generar espacios de participación y formular propuestas de reparación y garantías de no repetición.
Durante su primer año de funcionamiento se diseñó una estructura con los lineamientos metodológicos y técnicos necesarios para cumplir esa tarea. El documento de instalación entregado en febrero de 2026 sistematizó este trabajo: protocolos de escucha y cuidado para evitar la revictimización, mecanismos de participación incidente, criterios para el reconocimiento de víctimas y el análisis de información, y una metodología para construir una verdad histórica a partir de múltiples fuentes y, especialmente, de los testimonios de quienes sufrieron estas vulneraciones.
La experiencia comparada muestra el riesgo de subestimar el tiempo necesario para instalar y ejecutar un proceso de esta naturaleza. Asimilarlo a la Comisión Valech resulta inadecuado: son distintos sus mandatos y contextos históricos. La Comisión Verdad y Niñez debe abordar más de cuatro décadas de institucionalización de niños, niñas y adolescentes, incluyendo tanto la dictadura como los gobiernos democráticos y diversos sistemas de protección y justicia juvenil.
A nivel internacional, las comisiones de verdad o investigaciones especializadas en abuso y maltrato sistemático de niños, niñas y adolescentes suelen extenderse entre dos y cinco años, e incluso hasta siete en los casos más complejos. Ello responde a las severas barreras que enfrentan las víctimas adultas para revelar traumas sufridos en su infancia, la ausencia de archivos centralizados y la necesidad de revisar expedientes judiciales, eclesiásticos u hospitalarios conservados durante décadas o, en algunos casos, destruidos.
A esto se suma un desafío particular: la participación de víctimas y sobrevivientes, quienes mayoritariamente no han estado organizados de la misma forma que las organizaciones de víctimas de la dictadura y sus familiares.
Y es justamente aquí donde aparecen señales de alerta. El gobierno del presidente Kast designó nuevos integrantes y, aunque la comisión anterior dejó toda la información necesaria para continuar su labor, hasta hoy su trabajo no se ha reanudado plenamente. Entre otras cosas, aún no cuentan con el decreto de nombramiento con la toma de razón de la Contraloría, que valide el nombramiento de los nuevos comisionados y comisionadas, y que les permita tomar decisiones.
También preocupa la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el trabajo cotidiano de la Secretaría Ejecutiva y en el nombramiento de su secretario ejecutivo. Esto pone en cuestión la autonomía de la Comisión, condición indispensable para cualquier proceso de búsqueda de la verdad.
Asimismo, constatamos con preocupación que publicaciones de su cuenta de Instagram han sido eliminadas y que su sitio web se encuentra “en mantención” desde hace varias semanas. Como consecuencia, no están disponibles documentos elaborados antes de mayo de 2026, entre ellos el reglamento, las actas, el informe de instalación y las declaraciones de intereses de los anteriores comisionados. Tampoco es posible acceder a los documentos que debieran dar cuenta de la labor de los nuevos integrantes desde el anuncio de su nombramiento. Esta situación vulnera los estándares de transparencia activa establecidos por la Constitución y la Ley 20.285.
Específicamente, hay dos dimensiones especialmente delicadas, ambas vinculadas al papel de víctimas y sobrevivientes en la construcción de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Sename: su participación efectiva en los procesos de la comisión y el reconocimiento a partir de sus testimonios.
En materia de participación, se había establecido una subcomisión que complementaba los Encuentros de Voces abiertos a todas las personas egresadas. En ella participaban representantes de organizaciones de egresados y egresadas de Sename, comisionadas y la Secretaría Ejecutiva. Su propósito era que agrupaciones, sobrevivientes y personas egresadas pudieran aportar su experiencia a la definición del trabajo, sus procesos, fuentes, prioridades y recomendaciones. Sin información suficiente, la participación corre el riesgo de convertirse en una actividad meramente informativa, sin incidencia real. Una Comisión de Verdad construida sobre la experiencia de quienes sufrieron estas vulneraciones no puede permitirse ese riesgo.
Del proceso de reconocimiento de víctimas que se había iniciado, no hemos tenido noticias de ningún reconocimiento adicional desde que dejamos el cargo. ¿Cuál es la dificultad de seguir reconociendo si el equipo anterior estableció todos los criterios necesarios para avanzar con esa tarea?
Más allá de las dificultades propias de un mandato complejo, resulta miope y mezquino atribuir la situación actual exclusivamente a la administración anterior. Lo que está en juego es una obligación del Estado con miles de personas que, siendo niños, niñas y adolescentes, estuvieron bajo su custodia y sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
No se trata, por tanto, de defender una administración determinada, sino de exigir continuidad institucional, transparencia, participación incidente y resultados que permitan cumplir los compromisos asumidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
El gobierno actual todavía tiene la oportunidad de despejar estas dudas y demostrar públicamente que la comisión no solo “continúa” sin cambio en el mandato, sino que también cuenta con su integración plenamente formalizada, facultades claras, autonomía del gobierno de turno, equipos suficientes, presupuesto, archivos, protocolos, mecanismos de participación y un cronograma realista para cumplir su mandato antes del 30 de abril de 2027. Es crucial que el compromiso con las personas testimoniantes se mantenga: dieron su testimonio en virtud de la confianza en un proceso establecido, con la expectativa del reconocimiento individual como víctima, y con el profundo deseo, como muchas personas lo indicaron, de contribuir a que “nunca más ningún niño, niña o adolescente pase por lo que ellas pasaron”.
Defraudarlas, modificando las condiciones fundamentales de trabajo de la comisión o dilatando excesivamente las decisiones, implicaría una nueva revictimización para personas cuya confianza en el Estado ya ha sido decepcionada demasiadas veces. Es responsabilidad de toda la sociedad evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir y garantizar que las víctimas puedan acceder a la reparación que les debemos.
Mientras ello no ocurra, las señales seguirán siendo preocupantes y persistirán dudas fundadas sobre la voluntad efectiva de este Gobierno de cumplir con esta obligación.
Soledad Larraín
Matías Marchant (Uch)
Estela Ortiz
Judith Schönsteiner (UDP)Exintegrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez
