Si hoy las organizaciones criminales han ganado espacios en los recintos carcelarios, se debe, netamente, a la desidia de los distintos gobiernos de turno, que nunca atendieron una serie de voces, incluidas las del personal penitenciario, que advirtieron oportunamente sobre estos fenómenos y sus consecuencias.

El diagnóstico siempre estuvo ahí, expuesto en una serie de reuniones protocolares con las autoridades del Ministerio de Justicia y sus asesores. ¿Qué hicieron con esa información? Seguramente quedó en algún cajón ministerial.

Hoy, cuando el silencio parece haberse instalado institucionalmente en Gendarmería con su traspaso al Ministerio de Seguridad, difícilmente sabremos el alcance real del avance del crimen organizado al interior de las cárceles chilenas y cómo este flagelo pone en riesgo un sistema fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Las amenazas constantes al personal y la aparición de coronas de flores en el frontis de algunas cárceles, un escenario impensado hasta hace algunos años, son hoy una peligrosa normalidad que afecta la estabilidad laboral y emocional de funcionarios que ya conviven en un sistema de alto riesgo y sometidos a un estrés permanente.

Necesariamente se requiere una legislación mucho más robusta en materia de tratamiento de la población penal, con regímenes diferenciados según la conducta, el compromiso delictual y la pertenencia a organizaciones criminales.

Chile debe hacer sentir el peso de la ley y de su institucionalidad al interior de las cárceles. Por ende, se debe recuperar el orden y la disciplina en un marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Esto será posible cuando los distintos actores políticos converjan en intereses comunes, por sobre las diferencias partidistas o ideológicas.

Joe González Barraza
Expresidente ANSOG.
Profesor, Diplomado DDHH, Criminología y Alta Dirección Pública.

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