Seguridad municipal: hicimos la tarea, que el Estado haga la suya

En Iquique llevamos meses ordenando protocolos, coordinando con Carabineros y capacitando a nuestros equipos para estar listos cuando esta ley entre en vigencia. Es una tarea que nos corresponde y la asumimos con convicción. Pero hay una parte de este proceso que ningún esfuerzo municipal puede resolver por sí solo: depende de que el Estado cumpla, dentro de los plazos que la propia ley se dio.

Estamos a menos de 30 días de que la Ley N° 21.802 sobre Seguridad Municipal entre en plena vigencia. Es un paso que llevábamos años esperando: reconoce, por fin, que el municipio no puede seguir mirando la seguridad desde la vereda. El desafío ahora es que ese avance no se quede a mitad de camino.

El Artículo tercero transitorio establece que, mientras no exista el reglamento sobre la actuación coadyuvante de los inspectores de seguridad municipal, cada municipio se regirá por su propia normativa interna. El plazo legal para dictar ese reglamento se extiende hasta febrero de 2027, seis meses después de que la ley ya esté rigiendo. Traducido a la vida cotidiana: durante medio año, un vecino de una comuna puede tener un inspector con atribuciones claras, y el de la comuna vecina, no. La seguridad no debería depender del código postal.

Esa misma desigualdad territorial se repite en los recursos. El Gobierno destinó un fondo de 1.200 millones de pesos para 50 comunas del país, una señal correcta pero insuficiente frente a los más de 340 municipios que deben implementar esta ley.

Mientras unos avanzan con tecnología y personal capacitado, otros siguen dependiendo de la voluntad y el esfuerzo de equipos pequeños que hacen lo que pueden con lo que tienen. Eso no es un detalle técnico: es la diferencia entre un vecino que se siente protegido y otro que sigue esperando.

Algo similar ocurre con el artículo 14, que extiende las incompatibilidades para ser inspector municipal a familiares con negocios en la comuna, incluso cuando no exista un conflicto real.

Da la impresión de que esta norma se legisló con la mirada puesta solo en Santiago, sin considerar que en muchas comunas de regiones los vínculos familiares y comerciales son parte natural de la vida local, y que exigir lo contrario puede dejar sin postulantes idóneos justamente a las comunas más pequeñas, donde todos se conocen.

No soy el único que lo advierte: alcaldes y directores de seguridad de distintas comunas ya lo han planteado públicamente. La ley ya exige a todo inspector una declaración de intereses y patrimonio; sobre esa base ya existente, el Congreso podría construir una solución más ajustada a la realidad de las regiones.

La seguridad pública no se resuelve solo con una firma en el Diario Oficial. Nosotros ya hicimos nuestra parte. Ahora corresponde que el Estado haga la suya: publicando a tiempo el reglamento, financiando equitativamente a todas las comunas, y corrigiendo lo que la propia ley reconoce como un problema. Las regiones no deberían tener que esperar más de lo necesario por un plazo que el Estado se dio a sí mismo.