El cautiverio no puede convertirse en un territorio sin ley

Cada 28 de julio, Ucrania honra la memoria de los Defensores y Defensoras, de los integrantes de las formaciones voluntarias y de los civiles que fueron ejecutados, torturados o murieron en cautiverio ruso. No es una fecha simbólica más. Es un recordatorio de que, en pleno siglo XXI, Europa ha vuelto a enfrentar prácticas que el mundo creyó haber condenado definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial.

La guerra no suspende el derecho internacional. Incluso en medio de un conflicto armado existen normas claras: los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad, protegidos contra la violencia, recibir atención médica y mantener su dignidad. Así lo establecen los Convenios de Ginebra. Sin embargo, Rusia ha convertido el cautiverio en otro frente de guerra.

Hoy ya no hablamos únicamente de testimonios individuales. Hablamos de hechos documentados por organizaciones internacionales, investigadores, fiscales, periodistas y defensores de los derechos humanos. Existe un volumen creciente de pruebas que demuestra un patrón sistemático de torturas, ejecuciones extrajudiciales, privación deliberada de atención médica, desapariciones forzadas y otros tratos crueles e inhumanos contra prisioneros de guerra ucranianos y civiles detenidos.

Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en la colonia penitenciaria de Olenivka, en la región de Donetsk. La noche del 29 de julio de 2022, decenas de prisioneros de guerra ucranianos —entre ellos combatientes del Regimiento Azov que habían abandonado la planta de Azovstal bajo garantías internacionales— murieron tras una explosión dentro del recinto. Durante años, Rusia intentó imponer diversas versiones de los hechos. Sin embargo, las investigaciones independientes han reunido abundante evidencia que contradice esas afirmaciones y apunta a la responsabilidad rusa en la masacre. Las víctimas no murieron en combate: eran prisioneros protegidos por el derecho internacional.

Pero Olenivka no fue una excepción. Investigaciones recientes sobre el sistema penitenciario ruso describen una estructura organizada donde la violencia contra los cautivos no responde a excesos individuales, sino a métodos sistemáticos. Numerosos exprisioneros relatan golpizas permanentes, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, privación de sueño, hambre, aislamiento prolongado, humillaciones y violencia psicológica destinadas a quebrar la voluntad humana. Más del 90% de los prisioneros liberados por Ucrania afirman haber sufrido torturas o malos tratos durante su cautiverio.

La privación deliberada de atención médica constituye otra forma de tortura. Un estudio jurídico elaborado por especialistas ucranianos documenta cómo numerosos prisioneros con heridas graves, fracturas, infecciones o enfermedades crónicas fueron privados de tratamiento médico de manera intencional. En muchos casos, esa negativa provocó discapacidades permanentes e incluso la muerte. No se trata únicamente de negligencia. Cuando la asistencia médica se utiliza como instrumento de castigo, hablamos de una violación grave del derecho internacional humanitario que puede constituir un crimen de guerra.

Más allá de los militares, también los civiles en muchos casos se convierten en víctimas.

El caso de la periodista ucraniana Victoria Roshchyna conmocionó al mundo. Desapareció mientras investigaba la situación en los territorios ocupados por Rusia. Tras meses de incertidumbre, las autoridades rusas reconocieron que se encontraba detenida. Posteriormente se confirmó su muerte en cautiverio. Las pericias forenses realizadas tras la devolución de su cuerpo revelaron lesiones compatibles con torturas, fracturas, signos de estrangulamiento y la ausencia de varios órganos internos, circunstancias que los investigadores califican como un intento de ocultar la causa real de su muerte. Estos hallazgos fueron documentados por organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de prensa y por la investigación forense ucraniana.

Cada uno de estos casos posee nombres, fechas, fotografías, testimonios, expedientes judiciales y análisis periciales. No son acusaciones propagandísticas. Son investigaciones documentadas.

Ucrania no teme a la verdad. Los organismos internacionales también han documentado algunos casos de malos tratos contra prisioneros de guerra rusos por parte de militares ucranianos. Estos hechos deben investigarse y, si se confirman responsabilidades individuales, los culpables deben responder ante la justicia.

Pero existe una diferencia fundamental. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales concluyen que, mientras esos casos son episodios aislados, en Rusia las torturas, la privación de atención médica, las ejecuciones y otros abusos contra prisioneros de guerra ucranianos forman parte de una práctica generalizada y sistemática.

Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la causa de esta tragedia. Fue Rusia quien inició la agresión contra Ucrania en 2014 y quien lanzó la invasión a gran escala en 2022, en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Sin esta guerra de agresión no existirían Olenivka, cárceles clandestinas, miles de víctimas de tortura ni el inmenso sufrimiento de quienes permanecen en cautiverio. La responsabilidad por el origen de esta tragedia recae, ante todo, en el Estado agresor.

Chile conoce el significado de estas palabras. La sociedad chilena conserva la memoria de quienes fueron detenidos, torturados, ejecutados o hechos desaparecer en las décadas anteriores. Esa experiencia histórica permitió construir un profundo compromiso nacional con la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia. Precisamente por ello, el sufrimiento de los prisioneros ucranianos no debería percibirse como un problema lejano. Cuando la tortura se convierte en un instrumento de Estado en cualquier lugar del mundo, toda la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de reaccionar.

La solidaridad no consiste únicamente en expresar compasión. Consiste en defender principios universales. Ningún Estado puede invocar razones políticas, militares o históricas para justificar la tortura. Ninguna guerra elimina la obligación de respetar la dignidad humana.

La memoria de quienes murieron en cautiverio exige algo más que silencio respetuoso. Exige investigaciones imparciales, responsabilidad penal para los culpables, acceso de organismos internacionales a todos los lugares de detención, la liberación de los prisioneros y el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario.

Porque la justicia para las víctimas ucranianas no es solamente una causa de Ucrania. Es causa de toda la humanidad.