El ministro de Justicia, Fernando Rabat, apuntó al gobierno anterior tras confirmarse —mediante un examen de ADN— que una mujer que reside en Argentina es Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida durante la dictadura. Esto porque, según sostuvo, “hubo por lo menos 15 meses en que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente“.
Sus declaraciones fueron posteriormente refutadas por su antecesor, Jaime Gajardo, quien aseguró que los antecedentes fueron entregados oportunamente al ministro en visita extraordinario Álvaro Mesa.
Rabat cuestiona demora en caso Bernarda Vera
En conversación con Radio Infinita, Rabat abordó el caso y señaló que “es una situación a la que tenemos que abocarnos, porque dentro de los objetivos que persigue el Plan Nacional de Búsqueda es precisamente lograr establecer oficialmente que las nóminas de personas que estaban en el Informe Rettig correspondan a la realidad”.
“Este caso demuestra que la Subsecretaría de Derechos Humanos está en lo correcto cuando ha instruido una revisión de las situaciones que se encuentran en esas nóminas, para evitar que existan otros casos en los cuales puedan existir errores”, agregó.
Posteriormente, el ministro relevó la importancia de “considerar los tiempos”, momento en que cuestionó la gestión de la administración anterior.
“Porque esta es una situación que se conoció en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el Plan Nacional de Búsqueda, en marzo del año 2024, y recién en el mes de junio del año 2025 se pone en conocimiento del ministro en visita extraordinario Álvaro Mesa. Es decir, hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente. Y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo“, apuntó.
De esa forma, Rabat sostuvo que “eso nos parece grave“, confirmando el sumario administrativo instruido a raíz del caso y señalando que “es necesario saber qué ocurrió con ello”.
Además, lanzó otra crítica al gobierno anterior al señalar que, tras remover a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, “la nueva jefa, entre el primero de abril del año 2026 y fines de julio del año 2026, logra que precisamente se materialicen estos exámenes ADN y puede llegar a esta realidad. Es decir, en tres meses se hizo lo que no estuvo en casi 2 años“.
Gajardo niega la versión del actual ministro
Ante ello, a través de su cuenta de X, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió a los dichos de Rabat, asegurando que “no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió“.
“En primer lugar, la investigación que hoy culmina se abrió en 2024 gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Los antecedentes fueron entregados, principalmente, durante los años 2024 y 2025, en varios oficios que le envió el Programa de DD.HH. al ministro en visita del Poder Judicial Álvaro Mesa para contribuir a dicha investigación y al esclarecimiento de la verdad respecto del caso“, afirmó.
“Por tanto, las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos del actual gobierno, en el mejor de los casos, dan cuenta de un desconocimiento de estos antecedentes fácticos y jurídicos, cuestión que es muy perjudicial por tratarse de un asunto investigado seriamente por la Justicia”, agregó.
“Se atribuye logros de una investigación judicial”
Así, Gajardo descartó que la información haya permanecido estancada, como planteó Rabat. Además, rechazó que se pusieran en duda los esfuerzos del gobierno anterior y cuestionó que la actual administración se atribuyera los resultados de la investigación.
“Preocupa que autoridades del Gobierno desconozcan los presupuestos básicos de una investigación judicial reservada que comenzó en el año 2024. El actual ministro de Justicia y DD.HH. se atribuye logros de una investigación judicial reservada y pone en duda la legitimidad de los esfuerzos que históricamente en distintos gobiernos se han impulsado para avanzar en verdad y justicia“, apuntó.
“El Plan Nacional de Búsqueda (creado en el Gobierno del Presidente Boric) ha sido un hito histórico en la responsabilidad estatal de asumir la búsqueda y la reconstrucción de trayectorias y destino final de miles de compatriotas desaparecidos y posteriormente muertos. Hago un llamado a cuidar el debate público. Existe la obligación democrática de que las autoridades deban entregar información verídica y con rigor técnico, respetando la separación de poderes y, sobre todo, evitando confundir a la opinión pública con fines ideológicos respecto de un asunto de reconocida sensibilidad nacional e internacional”, concluyó.
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