El verdadero debate sobre las contribuciones

Cada cierto tiempo volvemos a discutir sobre impuestos, porcentajes o mecanismos de financiamiento. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a hablar de lo verdaderamente importante. Cómo queremos que vivan los adultos mayores en Chile.

Detrás del debate sobre las contribuciones hay una realidad que atraviesa a miles de familias. Personas que trabajaron durante décadas, que construyeron un hogar, que formaron una familia y que, al llegar a la jubilación, ven disminuir significativamente sus ingresos mientras muchas de sus obligaciones económicas se mantienen o incluso aumentan.

La vivienda principal no es simplemente un activo. Es el lugar donde una persona construyó su historia, donde crecieron sus hijos y donde espera vivir con tranquilidad la última etapa de su vida. Por eso, un sistema tributario también debe ser capaz de reconocer que la capacidad de pago cambia cuando termina la vida laboral. Un sistema deja de ser justo cuando deja de mirar esa realidad.

Por esa razón, apoyar una exención de contribuciones para la vivienda principal de los adultos mayores no es un privilegio. Es reconocer que el Estado debe responder con empatía a un cambio profundo en la vida de las personas. Las políticas públicas no pueden diseñarse pensando únicamente en casos excepcionales; deben responder a las realidades que afectan a miles de ciudadanos.

Pero esta discusión tiene una segunda dimensión igual de importante. Si el Estado decide otorgar un beneficio social, y creo que debe hacerlo, corresponde que sea el propio Estado quien financie esa decisión. No resulta razonable que una política pública nacional termine debilitando los presupuestos municipales, porque esos recursos no son cifras abstractas. Financian seguridad, salud primaria, programas para adultos mayores, áreas verdes y servicios que mejoran la calidad de vida de millones de vecinos.

Solidaridad territorial y responsabilidad fiscal no son conceptos incompatibles. Los municipios seguiremos cumpliendo nuestro rol de contribuir al desarrollo equilibrado del país. Lo que no corresponde es trasladar a los gobiernos locales el costo de decisiones que pertenecen al Estado central.

Del mismo modo, si el Estado anuncia que compensará íntegramente los recursos que los municipios dejarán de percibir, esa compensación debe ser real. Compensar para luego volver a descontar una parte de esos recursos no constituye una restitución efectiva y sólo genera incertidumbre en la planificación municipal.

En el fondo, estamos frente a una decisión sobre el país que queremos construir. Uno donde las personas mayores puedan envejecer con la tranquilidad de permanecer en su hogar, sin que la incertidumbre económica marque esa etapa de sus vidas. Y, al mismo tiempo, un país donde los municipios cuenten con los recursos necesarios para seguir entregando seguridad, salud y servicios de calidad a sus comunidades.

El Estado no puede solucionar una injusticia creando otra. Puede, y debe, hacer ambas cosas bien. Proteger a quienes dedicaron toda una vida al trabajo y cumplir responsablemente con el financiamiento de las políticas públicas que decide impulsar. Ésa es la discusión que realmente debiéramos estar dando.