La antidemocracia y los obstáculos para cumplir el programa de gobierno

El sistema electoral chileno adolece de numerosas injusticias y desproporciones. Sin embargo, tiene un gran mérito: la elección presidencial garantiza que quien resulte electo cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. Al establecer una primera vuelta y, si es necesario, una segunda entre las dos primeras mayorías, el sistema asegura que el Presidente de la República obtenga más del 50% de los votos válidamente emitidos.

Pero, al elegir de esta manera a un presidente, ¿qué es lo que realmente se está eligiendo? A veces pareciera que el triunfo depende de la simpatía personal del candidato o de su capacidad para aprovechar las circunstancias políticas del momento. Sin embargo, aunque formalmente se elige a una persona, lo verdaderamente importante es el programa de gobierno que esa persona propone y el compromiso de llevarlo a la práctica.

Cuando un presidente es elegido mediante este procedimiento, lo que la ciudadanía está escogiendo no es simplemente a una persona, sino el programa de gobierno que ella representa. Por lo tanto, cuando la oposición política impide sistemáticamente el cumplimiento de ese programa mediante maniobras o tácticas destinadas a obstruir su ejecución, lo que realmente ocurre es una distorsión de la voluntad popular expresada en las urnas.

Es así que cuando el presidente intenta impulsar las medidas que considera necesarias para reactivar la economía, suele encontrarse con la cerrada oposición de una parte importante del Congreso. Al actuar de esa manera, los partidos opositores deberían ser conscientes de que no solo están rechazando las iniciativas del Gobierno, sino también obstaculizando el cumplimiento del programa que obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía en las urnas.

No hace muchas décadas, el Congreso comprendía esta lógica institucional. Incluso llegaba a otorgar facultades extraordinarias al presidente para facilitar la ejecución de los aspectos esenciales de su programa de gobierno, entendiendo que ello constituía una forma de respetar el mandato conferido por los electores.

Como ya he sostenido en reflexiones anteriores, el sistema político chileno actual no puede calificarse propiamente ni como presidencialista ni como parlamentarista. No es plenamente presidencialista porque el presidente de la República enfrenta importantes obstáculos para llevar adelante el programa de gobierno con el que obtuvo el respaldo ciudadano. Pero tampoco es parlamentarista, pues un régimen de esa naturaleza exige mayorías políticas capaces de sostener un gobierno y asumir la responsabilidad de sus decisiones, algo difícil de lograr en un Congreso altamente fragmentado en múltiples fuerzas políticas.

A ello se suma la escasa calidad institucional que, a mi juicio, exhibe una parte del Parlamento, consecuencia de un sistema que establece requisitos mínimos muy limitados para acceder al cargo de parlamentario. El resultado es un diseño institucional que combina las desventajas de ambos modelos sin aprovechar plenamente las virtudes de ninguno.

Con un Congreso fragmentado en múltiples partidos y elegido mediante un sistema electoral que, a mi juicio, presenta importantes distorsiones en la representación de la voluntad ciudadana, difícilmente puede pretender imponer, en la práctica, un régimen de características parlamentaristas. Un sistema de esa naturaleza requiere mayorías políticas estables, partidos cohesionados y una clara responsabilidad ante el electorado, condiciones que hoy no concurren en la realidad política chilena.

En un pasado no tan lejano, el Congreso comprendía que el presidente debía contar con las herramientas necesarias para cumplir el programa por el cual había sido elegido. Esa convicción llegó al punto de otorgarle facultades extraordinarias para legislar mediante decretos con fuerza de ley en aquellas materias consideradas esenciales para la ejecución de su programa.

Quienes vivimos esa época recordamos, por ejemplo, cómo el presidente Jorge Alessandri hizo uso de esas facultades para impulsar profundas reformas. Entre ellas destaca el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 (DFL N.º 2), que promovió la construcción de viviendas de superficie limitada, estableció un régimen especial para su aprobación y les otorgó importantes beneficios tributarios, contribuyendo decisivamente al desarrollo habitacional del país.

Hoy la realidad es muy distinta. Con frecuencia, cuando un presidente intenta transformar en leyes las propuestas que presentó a la ciudadanía durante su campaña, se enfrenta a toda clase de obstáculos en el Congreso. Ello dificulta la ejecución del programa que obtuvo el respaldo mayoritario de los electores y termina afectando la capacidad del país para avanzar en aquellas políticas que la ciudadanía decidió respaldar en las urnas.

La consecuencia es un presidencialismo debilitado. Es como si un corredor intentara competir con sacos de arena atados a las piernas: formalmente puede correr, pero las condiciones le impiden desarrollar plenamente sus capacidades. En la práctica, el Congreso termina actuando como un contrapeso que, en ocasiones, no solo fiscaliza al Ejecutivo, sino que bloquea la ejecución del programa de gobierno que recibió el mandato democrático de la ciudadanía.

Por estas razones, como he señalado en reflexiones anteriores, sostengo que el sistema político chileno actual constituye una combinación imperfecta entre presidencialismo y parlamentarismo. El resultado es un régimen que no logra recoger plenamente las virtudes de ninguno de ambos modelos y que, en la práctica, genera serias dificultades para gobernar. Al no permitir que el presidente pueda ejecutar con eficacia el programa que recibió el respaldo ciudadano, termina produciendo una contradicción entre el funcionamiento institucional y la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

Todo lo señalado refuerza la necesidad de una reforma política profunda que permita restablecer el equilibrio entre la voluntad ciudadana y el funcionamiento de las instituciones. Ello requiere, entre otros aspectos, un sistema de elección parlamentaria que refleje de manera más fiel la distribución de las preferencias del electorado nacional.

Actualmente existen situaciones que revelan importantes distorsiones en materia de representación. Por ejemplo, hay senadores que han sido elegidos con una cantidad de votos inferior a la que se requiere para elegir concejales en algunas de las comunas más pobladas de Santiago. Basta observar el caso de la Región Metropolitana, donde reside una parte significativa de la población del país, para preguntarse si su representación parlamentaria guarda una relación adecuada con su peso demográfico y electoral.