RBB Concepción – Delegación Regional Presidencial del Bío Bío (Facebook)
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Julio Anativia, delegado presidencial del Bío Bío, abordó la paralización de advertencia de la Conatraport por las pensiones de gracia. Se han tenido reuniones entre trabajadores y autoridades, pero las posiciones están distantes. Los portuarios acusan discriminación sindical al no recibir el beneficio, que solo alcanza a otra confederación. Exigen respetar un acuerdo vigente desde 2012, movilizándose de Arica a Punta Arenas.
El delegado presidencial del Bío Bío, Julio Anativia, se refirió a la paralización de advertencia que la mañana de este jueves realizó la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport/CNTP) por el beneficio de las pensiones de gracia.
La autoridad de gobierno en la zona aseguró que han existido reuniones entre los trabajadores y la seremi de Trabajo y de Economía, donde se han establecido canales de comunicación.
“Sin embargo, las posiciones están bastante distantes y nosotros estamos preocupados y monitoreando la situación, entendiendo que se trata de un problema que merece atención”, aseguró.
“Hay un diálogo que se está realizando, con acercamientos a través de las Seremías del Trabajo y de Economía; sin embargo, se trata de una situación bien específica relativa a las pensiones que se resuelven a nivel central a través de la Subsecretaría del Interior”, añadió Anativia.
Trabajadores acusan “discriminación sindical”
Es preciso indicar que los trabajadores agrupados en la Conatraport acusan que el gobierno de forma “arbitraria” los dejó fuera del beneficio de pensión de gracia respecto a aquellos trabajadores que por razones de salud ya no pueden seguir trabajando. Según afirmaron, el beneficio solo lo recibirá la otra confederación de portuarios.
Por esta razón y con el objetivo de que el Ejecutivo revierta la decisión, este jueves se desarrolló una paralización de advertencia entre las 08:00 y las 12:00 horas desde Arica a Punta Arenas.
Son alrededor de 3 mil los portuarios que integran la Conatraport y que exigen se respete un acuerdo que está vigente desde 2012 y cuyo último protocolo fue suscrito durante la administración del presidente Gabriel Boric.
Los movilizados argumentaron que la medida del gobierno constituye un “mecanismo de discriminación sindical”, ya que “obliga a los sindicatos a incorporarse a una organización determinada si desean que sus socios continúen accediendo a un beneficio que jamás estuvo condicionado a la afiliación a una Confederación específica”.
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