Tras más de una década de funcionamiento, resulta cada vez más evidente que el Sistema de Admisión Escolar no ha cumplido las promesas con las que fue presentado. Por el contrario, ha contribuido a precarizar el sistema educativo, debilitando proyectos de excelencia, frustrando a las familias y sustituyendo la libertad por la burocracia.

El problema de fondo nunca fue técnico, fue ideológico. La lógica que inspiró el SAE partió de una premisa profundamente equivocada: que los padres no debían tener un rol determinante en la elección del establecimiento de sus hijos y que el Estado podía distribuir mejor las oportunidades educativas mediante un mecanismo centralizado. En nombre de la igualdad, se terminó restringiendo una libertad fundamental: el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Miles de familias han vivido la experiencia de postular a un establecimiento que consideran adecuado para sus hijos, compartir su proyecto educativo, identificarse con sus valores y aspiraciones, para luego descubrir que la decisión final no dependía de esa afinidad, sino de un algoritmo. Aunque se intentó revestir el mecanismo de neutralidad técnica, la percepción ciudadana fue clara desde el principio: la educación de los hijos estaba siendo sometida a una especie de sorteo institucionalizado.

No es casualidad que la palabra “tómbola” se haya impuesto en el lenguaje público. Refleja una realidad que las explicaciones burocráticas jamás lograron ocultar.

Peor aún es que a costa de esta lógica se ha terminado afectando la calidad del sistema. Muchos establecimientos emblemáticos y proyectos educativos de excelencia han visto erosionada su identidad. Cuando un colegio pierde progresivamente la capacidad de desarrollar el proyecto para el cual fue concebido, no gana la inclusión; pierde la educación.

Una sociedad sana necesita proyectos educativos diversos. Necesita colegios científicos, humanistas, artísticos, técnicos, religiosos, laicos, de alta exigencia académica y de distintos enfoques pedagógicos. Esa diversidad no es una expresión de segregación, sino una manifestación concreta de la libertad.

Sin embargo, la filosofía detrás de la tómbola siempre observó esa diversidad con animadversión. Bajo la promesa de construir un sistema más igualitario, terminó imponiendo a quienes no pueden pagar otra alternativa, una visión donde todos los establecimientos debían parecerse entre sí y donde las preferencias legítimas de las familias eran consideradas un problema a resolver.

La reforma al SAE representa una oportunidad para corregir ese error.

La tradición jurídica occidental ha sido clara al respecto. La familia constituye la primera comunidad educativa y los padres poseen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. No se trata de un privilegio otorgado por la autoridad política, sino de un derecho anterior al propio Estado.

Por eso resulta preocupante que durante tantos años se haya intentado presentar la reducción de la libertad de elección como un progreso. No lo fue. Ninguna sociedad se vuelve más libre cuando limita la capacidad de las familias para decidir sobre la formación de sus hijos. Ningún sistema educativo mejora cuando reemplaza la confianza en los padres por la confianza exclusiva en una plataforma centralizada.

La educación exige excelencia, identidad, compromiso y libertad. Exige reconocer que no todas las familias buscan lo mismo ni todos los estudiantes tienen las mismas necesidades o aspiraciones. Pretender resolver esa diversidad mediante un mecanismo uniforme no ha fortalecido el sistema; lo ha empobrecido.

La reforma que hoy está en discusión no resolverá por sí sola todos los problemas de la educación chilena. Pero sí representa algo importante: el reconocimiento de que las familias deben volver a ocupar el lugar que nunca debieron perder.

Porque la educación de un hijo no es un premio que se asigna por sorteo ni una decisión que deba quedar subordinada a la ingeniería social de turno. La educación es una responsabilidad de los padres, y una sociedad verdaderamente libre debe respetar ese principio.

Después de años en que la libertad de elegir fue sacrificada en nombre de la igualdad, Chile tiene la oportunidad de corregir el rumbo. No para volver al pasado, sino para recuperar una convicción esencial: que la educación pertenece primero a las familias y sólo después al Estado.

Julián Lora Bertossi
Director de Jóvenes X Chile, Fundación ChileSiempre

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