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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Dos hombres fueron condenados a 15 años de presidio por asesinar a un adolescente en La Granja en 2020. Además, recibieron 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego. Los hombres dispararon hacia la casa de la víctima, causando su muerte.

El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este viernes a dos hombres a 15 años de presidio efectivo por asesinar a un adolescente, en 2020.

Ivo Antonio Vera Otárola y Brayans Germán Báez Otárola fueron condenados por homicidio simple de un menor de 15 años, en la comuna de La Granja.

El fallo estableció además penas de 3 años y un día para ambos, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Deberán cumplir esa pena de forma consecutiva tras la pena mayor, según dictaron de manera unánime los jueces Fernando Martínez, María Fernández y Washington Jaña.

Los hechos

Según acreditó el tribunal, alrededor de las 13:30 horas del 27 de mayo de 2020 los condenados llegaron hasta el domicilio de la víctima en un vehículo. Junto a un tercer individuo, efectuaron varios disparos hacia el interior de la vivienda.

El adolescente, nacido el 16 de noviembre de 2004, murió a causa de una herida cráneo encefálica por arma de fuego.

Un tercer acusado en la causa, Johan Lefián, fue absuelto por falta de pruebas suficientes de su participación en los hechos.

La pena

Para determinar la pena, el tribunal aplicó el marco legal vigente al momento de los hechos (de 10 años y un día a 15 años de presidio).

Éste es distinto al actual, que permite hasta 20 años, tras la reforma de la Ley 21.483.

Los jueces impusieron el máximo de la pena de la ley anterior, al considerar el “efecto devastador” causado en la familia de la víctima. Ello, en base a los testimonios entregados por la madre y familiares directos durante el juicio.

Ambos condenados deberán cumplir sus penas de manera efectiva y sucesiva, comenzando por la de mayor gravedad.

El tribunal ordenó también que, una vez ejecutoriada la sentencia, se tomen muestras biológicas a los condenados para su incorporación al Registro Nacional de ADN.