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La megacobertura comunicacional del traslado de reos a la cárcel La Laguna de Talca, operativo instado por el gobierno del presidente Kast, merece un dato de contexto que por honestidad intelectual debe subrayarse: se realiza sobre una infraestructura cuya finalización íntegra de su construcción, su recepción, habilitación e inauguración fue realizada por el gobierno anterior.
La Laguna fue inaugurada en enero de 2025 bajo la administración del presidente Boric. Sus 2.320 plazas repartidas en 14 módulos —incluidos los de alta y máxima seguridad con celdas individuales— y su condición de recinto “más moderno de Sudamérica” corresponden a un proyecto adjudicado por decreto MOP en 2024 y ejecutado en esa gestión. Los propios carros blindados que ayer trasladaron a los internos de mayor peligrosidad fueron adquiridos por Gendarmería ese mismo año, por impulso de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la época.
Es más, de los 687 internos que anoche pernoctaron en La Laguna, 425 corresponden a plazas habilitadas progresivamente desde enero y febrero de 2025, bajo la instrucción de las autoridades de la administración anterior.
Dicho lo anterior, hay una segunda cuestión que merece un comentario, esta vez no sobre la obra, sino sobre la forma. El Estado tiene el deber de comunicar sus políticas, pero también el deber de ponderar cuándo esa comunicación puede convertirse en un riesgo.
Este tipo de operativos de alta complejidad requieren tomar todos los resguardos de seguridad para que sean exitosos y no se exponga la seguridad de la ciudadanía, de los funcionarios de Gendarmería ni de los propios internos trasladados.
Por eso, en gobiernos anteriores se ha decidido tratar con prudencia los múltiples operativos de traslado planificados. A veces la política se hace con bajo volumen comunicacional para ser responsables. La transmisión en vivo, la comitiva presidencial y ministerial en el lugar, y la exhibición pormenorizada del contingente de seguridad —cerca de cien vehículos y dos helicópteros— no eran, hasta ahora, la manera en que este tipo de traslados se abordaba en Chile, precisamente porque la prudencia republicana aconseja no convertir la seguridad pública en un espectáculo.
Más allá de la coyuntura comunicacional, este episodio permite abrir una reflexión sobre la política penitenciaria chilena, que rara vez trasciende el titular del día. El modelo de financiamiento con el que se construyó La Laguna —una concesión bajo la Ley 20.410, con una inversión cercana a UF 1.400.000 pagada por el Estado vía subsidio fijo a la construcción y a la operación— es una política de continuidad, no de un gobierno en particular. Fue diseñada, licitada y adjudicada por una administración, y hoy la usa otra, como corresponde a un Estado que funciona por sobre el color político de quien esté de turno.
Conviene, además, no perder de vista que la separación de internos de alta peligrosidad —objetivo declarado de la operación— es una tarea que excede el traslado físico de personas. Requiere clasificación penitenciaria rigurosa, protocolos de segregación, personal capacitado y una infraestructura tecnológica que no se improvisa en semanas. Esa capacidad instalada es, otra vez, herencia de un proceso de diseño que llevó años.
Y conviene recordar que, incluso con los últimos traslados, el recinto sigue operando muy por debajo de su capacidad máxima de 2.320 plazas. Quedan cerca de 1.600 plazas por habilitar progresivamente, y de esa habilitación —sostenida y rigurosa — dependerá si Chile avanza con éxito en descomprimir la sobrepoblación crónica de su sistema carcelario.
Ese es el verdadero indicador de éxito de La Laguna: no el despliegue mediático de un día, sino la consolidación, en los próximos meses de un sistema penitenciario capaz de sostener lo que ya se pensó, diseño, construyó, inauguró y puso en marcha en administraciones anteriores.
Como decía Einstein, si hemos visto más lejos es porque estamos “posados sobre hombros de gigantes”. Celebro lo que hoy se anuncia como un hito de seguridad, sin embargo es menester destacar que se apoya en la modernización, profesionalización y fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria que impulsó el gobierno de Boric.
Reconocerlo no resta mérito a la decisión de poblar el recinto; simplemente hace justicia con la historia y con la cadena de esfuerzos que Gendarmería de Chile ha hecho para fortalecer su cometido institucional en los últimos 8 años.
Juan Pablo Ciudad Pérez
Abogado
