Un falso debate sobre las falsas denuncias

El error de la discusión no es debatir las falsas denuncias, el error es convertir un problema que atraviesa a todo el sistema de justicia en una disputa identitaria entre izquierda y derecha.

El artículo “Denuncias falsas en VIF: el nuevo campo de batalla entre nacional-libertarios y republicanos”, publicado en El Mostrador el día 7 de agosto, hace un encuadre equivocado y peligroso de un tema serio que afecta a miles de personas (hombres y mujeres) que han sido desvinculadas de sus hijos en procesos judiciales: sitúa la discusión de las falsas denuncias dentro de una agenda valórica de un sector político y omite la existencia de otra iniciativa en torno a esta materia, impulsada por parlamentarios de diferentes colores.

De hecho, la próxima semana se discutirá en la Comisión Familia de la Cámara de Diputados dicho proyecto de ley, que busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en contextos judiciales, previniendo y sancionando informes y denuncias falsas. Esta moción fue impulsada y firmada por un grupo transversal de parlamentarios de la Comisión Familia, en el que figuran diputados de todo el espectro político: Cristóbal Urruticoechea (PNL), Roberto Celedón (FA), Ximena Naranjo (UDI), Álvaro Ortiz (DC), Eduardo Durán (RN), Zandra Parisi (PDG), Paula Olmos (PDG) y Juan Irarrázaval (PR).

Caratulado como Boletín N° 18326-18 y respaldado por organizaciones civiles como Fundación Crianza Compartida, el proyecto persigue tres objetivos fundamentales: proteger y resguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes (NNA) inmersos en procesos de familia o tribunales; evitar la desvinculación injustificada de los menores respecto de uno de sus progenitores y su entorno familiar; y sancionar los falsos testimonios, estableciendo medidas concretas de prevención y castigo para quienes emitan falsos informes o denuncias en litigios de tuición o cuidado personal.

Pero también busca proteger a los niños que realmente son víctimas de violencia o abuso sexual. Cada denuncia falsa o instrumental consume recursos humanos, periciales y judiciales que dejan de estar disponibles para atender con mayor rapidez a quienes sí requieren protección urgente. En un sistema que ya funciona con recursos limitados, esa congestión termina afectando precisamente a las verdaderas víctimas.

Esto último es particularmente importante porque las sanciones, de forma inédita, se extienden al uso oportunista o instrumental de denuncias o de informes técnicos para obtener ventajas procesales indebidas. Actualmente, al ser las partes las que pagan por las pruebas y los abogados quienes eligen a los peritos, se genera una distorsión ética dentro del sistema, pues un perito que realice un trabajo imparcial y que pueda perjudicar a la parte que lo contrata termina siendo excluido y convertido en un paria dentro del sistema. Esa lógica también incentiva la utilización estratégica de denuncias como herramientas de litigación, debilitando la confianza en un sistema que fue creado para proteger a quienes realmente sufren violencia.

Al mismo tiempo, el proyecto posibilita que el progenitor que sea excluido de los procesos de intervención del Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) o que detecte sesgos injustificados en los informes técnicos, podrá interponer un reclamo administrativo ante la Dirección Regional respectiva del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Estos programas, parte de un negocio gigantesco que genera grandes remesas mensuales, han actuado hasta ahora en la absoluta impunidad. Basta recordar el caso de un informe de PRM Pichilemu que contenía errores tan groseros como cambiarle de nombre y género al niño evaluado; un abierto copy-paste de otro documento. Todo ello ocurre, además, en un sistema que mantiene largas listas de espera para la atención especializada de niños víctimas de violencia y abuso sexual. En algunos casos, esas esperas pueden prolongarse durante muchos meses e incluso cerca de un año. Mientras profesionales, fiscales, tribunales y programas especializados destinan tiempo y recursos a denuncias falsas o manipuladas, niños que efectivamente requieren intervención permanecen esperando atención. El costo de la instrumentalización del sistema no lo pagan solo los falsamente denunciados; también lo pagan los verdaderos niños víctimas.

Cuando un problema consigue reunir las firmas de parlamentarios que habitualmente se encuentran en posiciones irreconciliables, se vuelve un asunto institucional. Por eso cuesta entender que buena parte del debate sobre las falsas denuncias en causas de violencia intrafamiliar y familia se presente insistentemente como un episodio más de la llamada “batalla cultural”.

Ese encuadre, más útil para la polarización que para comprender la realidad, termina ocultando un hecho esencial: las víctimas de denuncias instrumentales no tienen color político y los niños afectados por procesos judiciales tampoco. Tampoco lo tiene el maltrato infantil derivado de estos conflictos. Los niños pequeños, especialmente durante las primeras etapas de su desarrollo, son extraordinariamente permeables a la influencia de los adultos significativos. Quien utiliza esa confianza para instalar relatos falsos o inducir recuerdos inexistentes también ejerce una forma de violencia contra ellos, porque instrumentaliza su desarrollo emocional y psicológico en beneficio de un litigio entre adultos.

Las falsas denuncias no son un problema de derecha ni de izquierda, son un problema que afecta a toda nuestra institucionalidad. También afectan la credibilidad de las denuncias verdaderas y saturan mecanismos procesales pensados precisamente para proteger a las víctimas reales. Un ejemplo es el archivo provisional, institución indispensable en delitos sexuales porque permite reabrir investigaciones cuando una víctima logra recordar o denunciar nuevos antecedentes incluso décadas después.

Ese estándar protege correctamente a quienes efectivamente sufrieron abuso. Sin embargo, cuando una denuncia es deliberadamente falsa, ese mismo mecanismo termina beneficiando parasitariamente a quien instrumentalizó el sistema, pues la causa permanece archivada sin que el falsamente denunciado alcance, en la práctica, el estándar necesario para perseguir judicialmente una denuncia maliciosa. De esta forma la denuncia falsa permanece como una cifra oculta en el archivo provisional.

Por eso resulta necesario legislar con responsabilidad: no para desalentar las denuncias verdaderas, sino para sancionar la utilización fraudulenta de un sistema concebido para proteger a los más vulnerables.

Es momento de abandonar la caricatura ideológica y empezar una discusión seria sobre cómo proteger simultáneamente a las verdaderas víctimas: madres, padres, abuelas y abuelos y, sobre todo, a los niños que quedan en medio del conflicto. Porque la finalidad de una buena legislación no es favorecer a un sector político ni alimentar una batalla cultural, sino fortalecer un sistema de protección que investigue mejor los abusos reales, atienda con mayor rapidez a los niños verdaderamente vulnerados y sancione a quienes, mediante denuncias falsas o informes fraudulentos, terminan dañando a las familias y debilitando la confianza en la justicia.