Una nueva señal de tensión interna dejó la discusión por la reforma constitucional proseguridad que prepara el Gobierno, luego de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondiera a los reparos planteados por la titular de Salud, May Chomali, respecto de las restricciones a beneficios estatales para condenados por crimen organizado y terrorismo.
Esto, luego de que Chomali advirtiera que una de las normas contenidas en el borrador podría resultar incompatible con el derecho a la salud, particularmente si las inhabilidades terminan afectando el acceso a prestaciones financiadas por el Estado.
Consultado por estos cuestionamientos en Radio Infinita, Arrau apuntó a que la ministra de Salud no conocería en detalle la propuesta.
“Sí, la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional; es un proyecto que todavía no ha sido público. Así que yo creo que está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto”, afirmó el secretario de Estado.
Defendió propuesta
Acto seguido, el ministro defendió el objetivo de la iniciativa y precisó que las restricciones contempladas apuntan específicamente a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo.
Según explicó, la propuesta busca establecer “limitaciones a los beneficios sociales pagados por todos los chilenos”, argumentando que estos son financiados mediante los impuestos de la ciudadanía.
“Cada vez que compran un kilo de pan, pagan un 19% de IVA y ese IVA va a financiar beneficios sociales”, sostuvo.
Restricciones a condenados
El titular de Seguridad recalcó que la medida no estaría dirigida a cualquier persona que haya cometido un delito, sino exclusivamente a quienes hayan sido condenados por ilícitos vinculados al crimen organizado y terrorismo.
“No estamos hablando de un delincuente, no. Aquí son de crimen organizado y terrorismo”, enfatizó.
Arrau comparó además la propuesta con las inhabilidades que actualmente contempla la Constitución para personas condenadas por delitos terroristas, como las restricciones para ejercer determinados cargos.
En ese sentido, explicó que el Ejecutivo pretende agregar, durante ese mismo periodo de inhabilidad, restricciones para acceder a una serie de beneficios sociales.
“Creemos que no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiarle beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo”, argumentó.
Las declaraciones de Arrau se conocen luego de los reparos expresados por Chomalí y vuelven a evidenciar diferencias públicas al interior del Ejecutivo respecto del contenido de una iniciativa que todavía no ha sido ingresada al Congreso.
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