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Desde 1990 a la fecha, las máximas autoridades de la República han sido especialmente cuidadosas en resguardar la institucionalidad pública en sus distintas expresiones. Una de ellas es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que desde hace años cuenta con múltiples mecanismos para desacoplarse del ciclo político: su metodología se acuerda técnica y transversalmente, su aplicación se licita y sus resultados más relevantes, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, son calculados por organismos internacionales, CEPAL y PNUD, respectivamente.
La única versión de la Casen que presentó desajustes metodológicos fue la de 2011 y esa misma experiencia sirvió para reforzar los resguardos que hoy la blindan de episodios similares. Cuestionar sus resultados con fines políticos no solo es extremadamente irresponsable e impropio de un Presidente que cuenta con asesores expertos en la materia, sino que muestra un enorme desconocimiento sobre la relevancia que ha tenido la protección social para la reducción histórica de la pobreza en Chile desde el retorno a la democracia.
En 1987, cuando el país transitaba los últimos años de la dictadura civil y militar, se aplicó por primera vez la Encuesta Casen. El resultado fue elocuente: un 45,8% de la población vivía en la pobreza, casi una de cada dos personas. Desde entonces, Chile ha protagonizado uno de los procesos de reducción de la pobreza más notables de la región, con una trayectoria descendente casi ininterrumpida desde 1990. La única excepción fue 2020, cuando, tras la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19, las ayudas monetarias más significativas llegaron con un año de retraso.
Detrás de esta mejora sostenida hay múltiples factores y uno que merece destacarse es la protección social. Avanzar en su fortalecimiento fue una determinación que tempranamente tomaron los gobiernos democráticos, logrando no solo sacar a millones de personas de la pobreza.
Las encuestas Casen 2022 y 2024 muestran que un instrumento en particular ha tenido un impacto decisivo entre los hogares más pobres, integrados por personas mayores: la Pensión Garantizada Universal (PGU). Con un monto de $231.732 mensuales ($250.275 para los mayores de 82 años), la PGU es una pensión no contributiva pensada para reemplazar el ingreso de quienes ya no trabajan por haber alcanzado la edad de jubilación. Que sustituya el trabajo no es, en este caso, un problema, sino su propósito: suplir o compensar ahorros previsionales insuficientes tras toda una vida laboral.
Al mismo tiempo, el PNUD ha identificado al crecimiento económico —y, con él, al aumento de los ingresos de los hogares— como el factor más determinante en la caída de la pobreza. Las familias chilenas salen adelante, ante todo, gracias a su trabajo. No existe evidencia de que los hogares reemplacen el empleo por los subsidios y basta revisar los montos para entenderlo: en general, son sumas modestas.
El Subsidio Único Familiar (SUF), el más masivo de todos, con cerca de 2,6 millones de beneficiarios, entrega $22.601 mensuales por carga familiar. El Bono por Control del Niño Sano —dirigido a menores de 6 años y recibido por unas 29 mil personas— aporta $10.000 al mes. El estipendio para cuidadores de personas con discapacidad, que cubre apenas a 30 mil personas, llega a $32.991 mensuales. Son cifras que difícilmente podrían sustituir un ingreso laboral.
Si bien el peso de los subsidios en la reducción de la pobreza por ingresos es acotado, esto no resta importancia al conjunto de las políticas públicas. Las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida dependen en gran medida de lo que el país —y el Estado— es capaz de ofrecer. Esa vida no transcurre en abstracto, sino que se despliega en calles pavimentadas, iluminadas, seguras y libres de contaminación; en escuelas con infraestructura adecuada, buenos profesores y currículos actualizados; en trabajos con reglas claras, donde el empleador no pueda tratar a las personas como un recurso explotable sin restricción alguna y donde los riesgos de accidentes o enfermedades estén cubiertos; y en viviendas dignas, suficientes para toda la familia y con acceso a servicios básicos.
En estos 35 años, Chile ha progresado sustancialmente en todos estos frentes, con base en el gasto social y una regulación que ha elevado de forma continua los estándares. Es motivo de alerta el desdén por los subsidios que el presidente Kast manifestó esta semana. Con un desempleo que bordea el 10%, la cifra más alta desde la pandemia, la protección social se vuelve más necesaria que nunca, pues es precisamente lo que sostiene a las familias cuando la economía del hogar flaquea. Fortalecer esa red, y no debilitarla, es lo que se necesita para no dejar en el desamparo a quienes más dependen de ella.
Paula Poblete
Exsubsecretaria de Evaluación SocialMarco Verdugo
Sociólogo y magíster en EstadísticaRumbo Colectivo
