En momentos en que Chile enfrenta enormes desafíos sociales, económicos y culturales, resulta profundamente preocupante que el gobierno del presidente José Antonio Kast insista en avanzar en un plan de ajuste que contempla un recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación.
No se trata de una cifra menor ni de una decisión técnica aislada: estamos frente a una señal que impacta directamente en el corazón del desarrollo del país.
La educación pública no es un gasto, es una inversión estratégica. Es el espacio donde se construyen las oportunidades, donde se reducen las brechas y donde se proyecta el futuro de Chile. Cada peso que se retira del sistema educativo es un retroceso en la capacidad del Estado de garantizar derechos y construir cohesión social.
Pero este debate no puede limitarse únicamente a cifras. Detrás del funcionamiento del sistema educativo existe una red compleja y muchas veces invisibilizada: las y los trabajadores de la función pública. Son ellos quienes sostienen la gestión del Ministerio de Educación, quienes permiten que las políticas públicas se implementen, que los programas lleguen a los territorios y que el Estado cumpla su rol.
La función pública no es un concepto abstracto. Es una cadena de trabajo, compromiso y vocación que articula desde los jardines infantiles hasta las universidades, pasando por escuelas, liceos y servicios locales. Sin esta estructura, el Estado simplemente no funciona. Debilitarla, precarizar o reducirla no solo afecta a sus trabajadores: afecta a millones de familias que dependen de un sistema educativo robusto y presente en todo el territorio nacional.
En este contexto, no podemos dejar de mencionar la reciente situación vivida en el Ministerio de Educación, donde se ha denunciado una ola de despidos de funcionarios y funcionarias sin criterios técnicos claros.
Desde Andime hemos actuado con decisión para enfrentar estos hechos, porque no solo representan una injusticia laboral, sino también un debilitamiento directo de las capacidades del Estado.
Cuando se desvincula a trabajadores públicos sin fundamentos sólidos, lo que se está haciendo es erosionar la continuidad de las políticas públicas, afectar la calidad de la gestión y generar incertidumbre en equipos que cumplen funciones clave para el país. No es posible hablar de modernización del Estado mientras se desmantelan sus capacidades humanas.
Defender la función pública es defender el Estado y su capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía. Es reconocer que el trabajo de miles de funcionarias y funcionarios no es accesorio, sino esencial. Es entender que sin ellos no hay política pública que se sostenga, ni reforma que se implemente, ni derecho que se garantice.
Por eso, hoy levantamos una alerta clara: avanzar en recortes presupuestarios en educación y permitir despidos injustificados no solo es una mala decisión administrativa, es una decisión que compromete el presente y el futuro del país.
Chile necesita más y mejor Estado, no menos. Necesita fortalecer su educación pública, no debilitarla. Necesita reconocer a sus trabajadores públicos como pilares del desarrollo, no tratarlos como una variable de ajuste.
Porque cuando se recorta la educación, no solo se ajustan números: se recortan oportunidades, se debilita la cohesión social y se pone en riesgo el futuro de Chile.
María Beatriz Fuenzalida
Presidenta de Andime
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