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La política ambiental, en cambio, parece por momentos operar en otro universo. Uno donde, aparentemente, Lavoisier nunca vivió.
La alquimia fue durante siglos una disciplina seria. Grandes científicos como Roger Bacon, Paracelso, y el propio Isaac Newton buscaron atajos químicos para la creación de valor, mediante la transformación de metales viles en oro. Algunos siglos después, Antoine Lavoisier enunciaría una ley que demostraría la futilidad de esa empresa: la materia no se crea ni se destruye, no hay atajos.
Los elementos son categorías fijas. El hierro tiene 26 protones en el núcleo; el oro, 79. Ningún proceso convierte uno en el otro (salvo por las aún lejanas fisión y fusión nuclear). La transmutación era imposible con la tecnología de entonces, y la materia, para transformarse, debía recibir o dejar algo en el proceso. La versión científica de la célebre frase de Milton Friedman: “No hay tal cosa como un almuerzo gratis”.
Esta máxima la aplicamos casi siempre en el debate de política pública. Un buen ejemplo es el debate económico que se está dando a propósito del Proyecto de Ley de Reconstrucción.
La idea de reducir impuestos puede contribuir a atraer inversión, y con ella crecimiento económico y empleo. Sin embargo esto tiene costos, pues reduce la recaudación en el corto plazo. Es justamente por eso que se computan estimaciones sofisticadas de esa menor recaudación, del impacto en el crecimiento, del efecto sobre el empleo y un largo etcétera.
La política ambiental, en cambio, parece por momentos operar en otro universo. Uno donde, aparentemente, Lavoisier nunca vivió. El debate sobre la Ley de Humedales es un claro ejemplo y desgraciadamente está lejos de ser el único caso.
Tomemos otros dos ejemplos. Primero, la meta de proteger el 30% del territorio nacional. Es un número que suena bien —deriva de compromisos internacionales adoptados en la COP15— pero que rara vez viene acompañado de preguntas básicas: ¿Por qué 30%? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta administrar y fiscalizar esa protección? ¿Cuánto le cuesta eso a Chile? Nada. El número es la política, y su bondad es autoexplicativa.
Segundo, la protección de los salares. Chile tiene las mejores reservas de litio del mundo, mineral clave para la transición energética. La pretendida protección incluye la preservación de las comunidades bacterianas que viven en la salmuera: microorganismos extremófilos únicos, de indudable valor científico.
El debate que debería acompañar esa decisión tendría que incluir cuántos miles de millones de dólares quedan bajo tierra, qué fracción de las reservas globales de litio se puede razonablemente bloquear, y si es un costo que estamos dispuestos a pagar. No hay tal debate.
El problema de fondo es que el debate termina donde debería empezar: identificando cosas valiosas. Pero lo valioso no justifica per se ninguna política pública. Lo que aplica para incentivar la inversión también aplica para la conservación. “No sacas nada con crear áreas protegidas si no tienes recursos para gestionarlas”, dijo la Ministra de Medio Ambiente en una entrevista reciente.
Es una frase atrevida, incluso valiente, viniendo de una ministra de dicha cartera. Pone justamente en relieve que las políticas públicas mágicas rara vez existen, aquellas que tienen un alto impacto y ningún costo. La decisión de proteger no es una excepción: cuando se toma normalmente se hacen sacrificios. De partida los recursos para gestionar, pero también lo que se renuncia cuando lo que se protege tiene un uso alternativo valioso, como es el caso de los salares en el norte.
La buena política pública no es un lujo de países desarrollados, debiera ser un imperativo especialmente para países donde los recursos son más escasos y las necesidades apremiantes. Así como el crecimiento económico es un objetivo cuyas palancas están sujetas al análisis costo beneficio, no hay razón para que los loables objetivos medioambientales estén eximidos de ello. Los alquimistas medievales también tenían muy buenas intenciones, pero Lavoisier los jubiló hace ya casi tres siglos.
