Detener la impunidad: Del quemar las aulas a la agresión a una ministra

Lo que Chile presencia hoy no es una crisis escolar o estudiantil fortuita, sino el éxito de una mutación ideológica planificada. Las nuevas autoridades heredan un campo de batalla con territorios fuera del control del Estado.

El ideal de la “Excelencia Académica”, que históricamente movilizó a las familias hacia el Instituto Nacional, el INBA, el Lastarria o el Liceo de Aplicación, ha sido reemplazado por una suerte de “excelencia revolucionaria” signada por la violencia. Para estos grupos, el honor ya no reside en el saber, sino en el ejercicio de la fuerza, el desacato y la destrucción.

Los hechos recientes en Valdivia y Santiago demuestran que el secuestro político de los centros de estudio ha escalado a niveles inaceptables. En la Universidad Austral, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao Pilquián, fue retenida por más de dos horas. Lo alarmante no es solo el acto, sino la impunidad con la que operaron los agresores, muchos a cara descubierta.

Que una ministra de Estado, mujer y de origen mapuche, sea agredida bajo el pretexto de reivindicaciones políticas, confirma que para estos sectores la institucionalidad es el enemigo a destruir, especialmente cuando su sector político ya no ostenta el poder.

Simultáneamente, en el Liceo de Aplicación, los “overoles blancos” reaparecieron con bombas incendiarias. La falacia de querer “mejorar la educación” es solo la pantalla de una agenda de control territorial y hostigamiento sistemático contra las fuerzas de orden y los directivos que intentan retomar el control.

Esta pulsión destructiva habita en nuestros patios amparada por una suerte de reinado de la impunidad. Durante años se permitió que el aula fuera capturada por orgánicas anarquistas y remanentes extremistas que actúan como orientadores ideológicos, impartiendo clases de insurgencia a menores de edad y utilizándolos como “carne de cañón”.

Los liceos emblemáticos funcionaron como la “punta de lanza” del laboratorio del 2019 durante la insurrección octubrista, apoyados por sectores que transformaron a adolescentes instruidos en la violencia en “actores políticos” con pasaporte directo a las instituciones del Estado.

Lo más grave ha sido la sacralización institucional de la violencia. Al haber transformado ayer al victimario en héroe e incluso rendirle homenajes en el Congreso, se envió una señal devastadora que hoy sigue golpeando a toda la institucionalidad estatal: que la destrucción es un camino legítimo hacia el poder.

¡Basta de impunidad en estos desfiles de disfraces diversos, violentos y además minoritarios que hemos visto estos años; porque mayorías no son!

La reacción de los sectores políticos, por el momento, ha sido de condena transversal a la agresión a la autoridad. Lo aconsejable es estar atentos a, ¿por cuánto tiempo mantienen esta postura los sectores aliados a los estudiantes violentos durante estos años?

El tiempo de la contemplación debe terminar. Las nuevas autoridades tienen el mandato ético de quebrar este círculo vicioso y desarticular a los grupos que hoy se atreven a secuestrar ministras y quemar instituciones.

No hay espacio para vacilaciones: o se restaura el imperio de la ley en la sala de clases, o nos resignamos a que la violencia sea el único lenguaje de la política estudiantil. Chile requiere orden, y la expectativa de la ciudadanía es que quienes hoy tienen el poder están obligados y comprometidos a imponerlo, para impedir que el fuego, la retención ilegal y la violencia ejercida contra una ministra de Estado sean normalizadas en la educación, y en la sociedad chilena.