El Gobierno reordenó su plan penitenciario y dejó en segundo plano una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast: la construcción de una cárcel de máxima seguridad como eje central para enfrentar al crimen organizado.
La nueva hoja de ruta del Ejecutivo contempla dar continuidad a gran parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria impulsado por la administración de Gabriel Boric, priorizando proyectos destinados a aumentar la capacidad del sistema carcelario mediante ampliaciones de recintos existentes y la construcción de nuevas plazas penitenciarias.
La decisión fue valorada desde algunos sectores de la oposición. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Jaime Mulet, sostuvo que el Ejecutivo terminó validando buena parte de la estrategia heredada.
“El gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030. De alguna manera eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente”, afirmó.
Sin embargo, el debate también se ha concentrado en los efectos que tendría la expansión de infraestructura penitenciaria en determinadas comunas.
En ese contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su rechazo a continuar aumentando la capacidad carcelaria en la capital, argumentando que la comuna ya soporta una alta concentración de recintos penitenciarios.
“No es efectivo que las personas que van a llegar a esa ampliación van a ser solo las 1.600 que están en Santiago 1, porque la historia lo desmiente. Cuando llegan 5.000 personas a ese lugar, estamos hablando de 50.000 visitas, con todo lo que eso acarrea”, señaló.
El jefe comunal sostuvo que el país requiere más cárceles, pero emplazó al Gobierno a buscar terrenos fuera de los centros urbanos, advirtiendo que el crecimiento de la población penal genera una mayor presión sobre los barrios cercanos.
Paralelamente, el Ejecutivo analiza medidas para reforzar la segregación de internos vinculados al crimen organizado. Entre las alternativas se encuentran mayores restricciones para reclusos de alta peligrosidad y controles más estrictos sobre las comunicaciones al interior de los penales.
Consultado sobre estas iniciativas, el exministro de Justicia Isidro Solís aseguró que se trata de herramientas habituales en los regímenes penitenciarios de máxima seguridad implementados en distintos países.
“A mí no me parece nada extraño, no me parece una cosa que esté fuera de los cánones o de la actividad normal de un servicio penitenciario”, indicó.
La discusión se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno por enfrentar simultáneamente el déficit de plazas en las cárceles y el avance del crimen organizado, dos de los principales desafíos en materia de seguridad pública.
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