El reciente homicidio de una inspectora en Calama a manos de un alumno no solo estremece por su brutalidad, sino que también obliga a enfrentar una pregunta incómoda: ¿Hasta qué punto el sistema educativo chileno ha sido incapaz o incluso renuente a asumir la crisis de seguridad que se vive dentro de sus propios establecimientos?
Durante años, distintas comunidades escolares han advertido sobre el aumento de episodios de violencia, a la par con la pérdida de autoridad y la ausencia de herramientas eficaces para prevenir situaciones críticas.
Sin embargo, cada intento por avanzar en medidas concretas -desde protocolos más estrictos hasta proyectos de ley orientados a reforzar la seguridad escolar- han encontrado resistencia, particularmente desde sectores vinculados a las izquierdas políticas y sociales.
El diagnóstico del Colegio de Profesores de Chile ha sido persistente: la violencia escolar sería, ante todo, una manifestación de desigualdades estructurales, problemas sociales y carencias del sistema. El problema radica en que este diagnóstico omite o minimiza la necesidad urgente de medidas inmediatas de protección para docentes, asistentes de la educación y estudiantes.
El gremio ha mostrado reticencia frente a iniciativas de seguridad más directas, como mayores atribuciones disciplinarias, presencia de personal especializado o incluso la presencia de detectores de metales en los establecimientos.
Esta negativa no parece ser solo técnica, sino más bien ideológica: una desconfianza hacia cualquier medida que pueda interpretarse como “punitiva” o “represiva”, que “vulneraría derechos humanos” y que, por lo tanto, no debe ser ni siquiera evaluada en su mérito.
De alguna manera, el mensaje que se transmite es que no se puede hacer nada en materia de seguridad en el corto y mediano plazo, toda vez que el tema de fondo sería la desigualdad y que las reformas de fondo requieren años de implementación.
El resultado de esta tensión es un vacío. Por un lado, se reconoce el problema; por otro, se bloquean o diluyen soluciones concretas. Y en ese espacio intermedio, la violencia escala, cobrando las primeras víctimas fatales.
La tragedia de Calama no puede explicarse únicamente por factores sociales ni por una falla individual. Es también el reflejo de un sistema que ha privilegiado el debate ideológico por sobre la protección efectiva de las comunidades educativas.
Cuando la discusión se detiene en categorías abstractas, las consecuencias se vuelven dolorosamente concretas. El riesgo de que estos fatídicos sucesos ocurran en otras comunas es cuestión de tiempo. Existen señales, y parece que no todos están dispuestos a atenderlas.
La pregunta, entonces, no es si debemos abordar las causas profundas de la violencia, sino si estamos dispuestos a hacerlo sin sacrificar medidas urgentes que protejan la integridad y la vida de los integrantes de las diversas comunidades educativas a lo largo de Chile. Cuando la ideología se vuelve un filtro excluyente para evaluar soluciones, el costo no es teórico, es humano.
Julián Lora Bertossi
Director de Jóvenes por Chile
Fundación Chile Siempre
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