La reconstrucción de las regiones del Biobío y Ñuble tras los incendios debe abordarse desde el primer día con una estrategia clara y centrada en las familias damnificadas.
La magnitud del daño urbano en comunas como Penco, Lirquén, Florida y sectores del Gran Concepción, exige evitar respuestas improvisadas, y avanzar con decisiones tempranas que entreguen certezas.
No se debe seguir el modelo usado tras los siniestros de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en 2024.
La prioridad inicial debe ser la contención efectiva: soluciones habitacionales transitorias dignas, continuidad de servicios de salud y educación, y apoyo sicosocial sostenido, especialmente para niños, adultos mayores y familias que perdieron totalmente su vivienda.
El cumplimiento oportuno de estos hitos es clave para evitar el desgaste social y la frustración de expectativas.
En zonas urbanas consolidadas donde no existan riesgos estructurales, se recomienda priorizar la reconstrucción en sitio propio, combinando reposición de viviendas con la recuperación de pavimentos, redes, luminarias y equipamiento comunitario.
Esto permite acelerar soluciones definitivas, reducir el desarraigo y preservar el tejido social de barrios consolidados.
En paralelo, es indispensable identificar tempranamente las zonas de alto riesgo expuestas por el incendio y definir, sin ambigüedades, aquellos lugares donde no es recomendable reconstruir.
En estos casos, la estrategia debe contemplar relocalización planificada, utilizando suelo fiscal o terrenos bien localizados, evitando repetir patrones de asentamiento que amplifican el riesgo.
En este punto, detengámonos en el rol de una institución pública clave tras los incendios en la Región de Valparaíso, como es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tras estos eventos contó con recursos extraordinarios, instrumentos legales especiales y respaldo político, pero no logró articular una respuesta oportuna ni priorizar la reconstrucción como una tarea de Estado.
La excesiva burocracia, la fragmentación de responsabilidades y la falta de metas derivaron en un proceso errático, donde el gasto se activó solo cuando el rezago se volvió́ insostenible (hoy se registra el 52% de la ejecución del fondo aprobado para el proceso).
Mirando a futuro, se deben instalar bases territoriales de coordinación en las comunas más afectadas, que concentren apoyo social, información, seguridad y canalización de ayudas, reforzando la presencia del Estado en terreno.
La reconstrucción debe apoyarse en tipologías de vivienda acotadas e industrializadas para acelerar plazos, sin sacrificar estándares de calidad.
Al mismo tiempo, la estrategia debe contemplar un componente robusto de reducción de riesgos futuros, incorporando nueva vialidad para evacuación, mejoras de conectividad, infraestructura hídrica para combate de incendios y bases permanentes de entidades como Conaf. Reconstruir sin reducir el riesgo estructural equivale a reconstruir la próxima catástrofe.
Pablo Pérez
Investigador
Instituto Libertad
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