Por Alberto Amon Jadue
Facultad de Ingeniería y Empresa UCSH

En Chile, tener un auto no solo es una necesidad para muchos o una opción adoptada por tantos otros que perciben un deficiente servicio e inseguridad del transporte público; además es un esfuerzo financiero importante, que involucra el crédito para pagar el vehículo, el valor de la bencina con su impuesto específico e IVA, y los TAG que florecen como hongos en cada ruta.

También hay que desembolsar anualmente el famoso permiso de circulación, una especie de tributo monárquico disfrazado de trámite legal, que muchos aún creen que sirve para tener calles bien mantenidas. Pero en la práctica, el asunto es otro.

¿Dónde van a parar los dineros del permiso de circulación?

El 62,5% de lo recaudado por los permisos de circulación queda directamente en cada Municipalidad, mientras que el 37,5% restante se destina al Fondo Común Municipal, un mecanismo de redistribución de ingresos entre comunas.

Sin embargo, estos recursos financian gastos generales del municipio, pero no necesariamente se utilizan para reparar baches o pavimentos en mal estado. De hecho, aunque muchos lo desconocen, las Municipalidades no están obligadas a hacerse cargo de estas reparaciones, salvo que decidan hacerlo voluntariamente con fondos propios. Además, si los daños superan los 20 metros cuadrados, la responsabilidad recae en el Gobierno Regional, lo que implica un proceso burocrático de postulación y obtención de financiamiento.

Por otra parte, el cálculo del permiso de circulación de vehículos livianos y motocicletas en Chile no responde a una lógica de uso vial, sino a una tasación fiscal determinada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), con un sistema de cobro progresivo, por tramos y acumulativo. Un auto del año paga más que uno antiguo, aunque ambos desgasten exactamente lo mismo las calles. Lo que, más bien, reafirma que es un impuesto al lujo encubierto: si el auto es nuevo, se asume que el dueño puede pagar más.

En países como Estados Unidos, por ejemplo, los impuestos vehiculares suelen basarse en factores objetivos, como el tipo y peso del vehículo, sin importar la versión, equipamiento o el año. El impacto en la infraestructura vial es lo que importa. Y, al contrario que en nuestro país, lo recaudado se usa directamente para el mantenimiento de infraestructura y seguridad vial. Lo mismo ocurre con los impuestos a la gasolina, que financian parte de también de esa infraestructura.

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Un abusivo sistema de cobro

El sistema de cobro del permiso de circulación se vuelve aún más abusivo en Chile si se compara con el pago por circular en las carreteras y autopistas concesionadas, donde sí existe a una lógica clara: se cobra según el tipo de vehículo y su impacto en la infraestructura vial, no por su año ni modelo. Es decir, se cobra más a quienes deterioran más el pavimento, como debería ser.

Lo que finalmente miles de usuarios perciben es que la única función de este permiso es habilitar legalmente la circulación, con muy escasa contraprestación visible en la calidad de las calles.

Si su función es cobrar solo por el privilegio de circular usando el pavimento, ¿deberían las bicicletas y los scooters pagar un permiso también? Estamos llenos de impuestos encubiertos para otras finalidades, como el impuesto específico a los combustibles.

Nuestra realidad nacional es: un auto al pagar el permiso de circulación no está pagando por mejores calles, sino simplemente por el derecho a existir en la vía pública. Y recuerde: estos días, una vez más, seremos testigos de lo típico de cada año; la guerra de las comunas para que usted saque su permiso en alguna de ellas, para pelearse el 62,5% de lo recaudado como ingreso directo. Y ahí veremos a muchos esperanzados creyendo que ese dinero servirá para tapar hoyos, cuando en realidad solo tapará algún hoyo… pero en las arcas municipales.

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