El concepto de “fake news” no se encuentra lo suficientemente precisado por la doctrina y el derecho. Sin perjuicio de lo anterior, podemos decir, en una primera aproximación, que este fenómeno corresponde a la actividad destinada a la creación o divulgación de noticias falsas que generan problemas de desinformación en el marco de las sociedades democráticas.
Las “fake news” se definen como “informaciones falsas o distorsionadas que son diseñadas para hacerse pasar por noticias verdaderas con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin, principalmente, político o económico”. En otras palabras, el objetivo de las “fake news” es desinformar, es decir, entregar información falsa o intencionadamente manipulada para favorecer ciertos intereses. Algunos también consideran que incurren en “fake news” quienes dan información insuficiente o directamente la omiten.
Las “fake news” son de un muy variado contenido y su gravedad puede ser mayor o menor dependiendo del área social sobre la que recaiga. Así, por ejemplo, estas “fake news” pueden ser utilizadas para dañar a ciertos colectivos, asimilándose o siendo una herramienta del “discurso del odio”, en otras ocasiones pueden ser utilizadas con fines políticos, ya sea para desestabilizar a un gobierno o ganar una elección, etc.
Entonces, la expresión “fake news” puede ser entendida en un sentido amplio o en uno más restringido, en este último caso, vinculada a la actividad política. Y es, justamente, en el ámbito político, donde sus efectos pueden resultar particularmente dañinos, puesto que se pueden generar distorsiones que afecten la decisión libre del ciudadano, dañando en definitiva la legitimidad del poder político y de la democracia.
Si bien es cierto que siempre han existido estas noticias falsas, no es sino en el marco de la era digital en que su producción y difusión alcanzan dimensiones exorbitantes en cosas de minutos. En efecto, internet y las redes sociales facilitan y permiten que este caudal de información falsa cale profundamente en los ciudadanos, apelando, muchas veces, a su emocionalidad, permitiendo la instalación de verdades alteradas, sin ningún sustento objetivo, que pueden terminar afectando el juego democrático a favor de ciertos sectores políticos y económicos.
Frente a este fenómeno surgen voces que, desde trincheras políticas, postulan la adopción de medidas tendientes a combatir las “fake news” como un poder de democratizar el ejercicio del periodismo y la información que llega a los ciudadanos. Sin embargo, este discurso de “cuidar la democracia” a través del control de la información es demasiado peligroso, ya que por medio de estas medidas se corre el riesgo de que se instale una sola verdad, la oficial, que impida la libre circulación de las ideas, puesto que con ello se condicionarían gravemente las líneas editoriales de los medios de comunicación social, obligándolos a informar sobre aspectos que no c
ontraríen los estándares de quien tiene la facultad de sancionar la desinformación y la propagación de las “fake news”.
El martes 20 de junio se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nro. 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que crea la “Comisión Asesora contra la Desinformación”. Esta decisión de la presidencia de la República puede ser entendida desde dos perspectivas.
Así, puede ser considerada una instancia que fomente buenas prácticas para combatir las “fake news” o bien, constituir un primer paso para establecer un sistema de control que determine cuál información es o no verdadera, en cuyo caso, las fuerzas democráticas deberán estar atentas para reaccionar frente a cualquier atisbo de instalar un sistema que persiga expulsar del debate público ideas y opiniones que no sean compatibles con la verdad oficial, puesto que si ello sucediera, no solo se afectaría gravemente la libertad de expresión sino la misma democracia. Cualquier política (aunque sea bien intencionada) de proteger la democracia jamás la puede poner en riesgo.
