A comienzos de mayo, autoridades del Mineduc anunciaron la puesta en marcha o, más bien, el reforzamiento de un sistema de tutores ciudadanos voluntarios, para apoyar la reactivación educativa tras la pandemia en estudiantes de 2º a 4º Básico, como complemento a la labor que realizan los docentes.
Esta iniciativa replica lo que en países como Estados Unidos realizan desde hace años fundaciones sin fines de lucro como las Citizen Schools o 826, donde los tutores destinan una o dos horas de su tiempo semanal para ayudar a los estudiantes a realizar sus tareas fuera del horario escolar. Al igual que en el país del norte, en Chile, el plan de tutorías se realizará a través de fundaciones como Letra Libre y Conectando Aprendo. De esta forma, se consolida un tipo de articulación público-privada que se ha venido gestando en el último tiempo, entre el Ministerio de Educación y distintas Fundaciones, así como con fuentes de financiamiento privadas para la educación.
A nivel global, este tipo de fundaciones suelen presentarse como neutras ideológicamente y centradas en nociones como mejoramiento de los aprendizajes, innovación o educación de calidad. Sin embargo, en muchos casos, es posible rastrear sus conexiones con Think Tanks conservadores, con intereses puestos en la privatización, lucro, y tradicionalismo en el ámbito educativo, que atentan contra el supuesto fortalecimiento de la educación pública que propugna el actual gobierno.
La incorporación de estas organizaciones de la sociedad civil en las soluciones educativas es parte de una transformación de los sistemas educativos donde cada vez más se externalizan los servicios que reciben los estudiantes, que han comenzado a ser entregados por organizaciones que compiten en el mercado para ser financiadas por los fondos de la educación pública. Bajo este tipo de estructura, se dificulta trabajar desde los territorios y realidades particulares, puesto que los servicios que se ofrecen suelen ser estandarizados y diseñados sin participación de los actores educativos.
Por otro lado, es necesario revisar lo relacionado con el financiamiento ante este tipo de iniciativas, donde se pueden mezclar intereses privados que son importantes de abordar desde la sospecha, analizando los ribetes que puedan ir más allá del buenismo de la responsabilidad social empresarial.
Los profesores de Chile alzaron la voz ante lo problemática que resulta la lógica de incorporar actores externos para hacer bien lo que ellos estarían haciendo mal. Esto implicaría una devaluación de su trabajo profesional, donde se prefiere invertir en personas que desconocen la realidad de cada contexto escolar y a las que no se exige ninguna capacitación disciplinar ni pedagógica para que logren revertir los efectos de la pandemia a nivel de resultados de aprendizaje y vinculación con la escuela.
Hay un cierto mesianismo en estos voluntariados (ya superan los 16.000 inscritos) que pretenden resolver rápida y eficientemente los problemas de las comunidades que, generalmente, son entendidas como vulnerables desde una mirada de déficit, sin considerar una mirada estructural respecto de sus desventajas.
Son, de esta forma, varias las razones para detenernos a analizar con más cuidado lo que implica este Plan Nacional de Tutorías. Si bien podemos reconocer el aporte que pueden entregar los miles de tutores ciudadanos —cuyas buenas intenciones no están en duda—, es necesario mantener la perspectiva crítica ante las soluciones tipo consultoría a problemas de desigualdad y bajos aprendizajes que preceden a la pandemia, los que deben ser abordados de forma integral y con una mirada a largo plazo, que deje atrás la lógica de planes transitorios, que no logran tener continuidad ante la alternancia política.
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