El desafío de los cincuenta consejeros electos es muy grande, porque el país no soportaría otro fracaso de un proceso deliberativo de esta magnitud. La elaboración de una nueva constitución fue la única salida institucional que encontramos como sociedad para superar la crisis y estallido social de 2019, por lo que su éxito es crucial para tener un marco social que nos logre entregar una mayor estabilidad política e institucional.

Chile dio el vamos al Consejo Constitucional y necesitamos un proceso que aúne posiciones e ideas y no divida más a nuestra sociedad. Chile vive una situación crítica y somos todos, a través de las instituciones que representamos, quienes estamos obligados a dar salida a esa crisis.

Las respuestas, sin embargo, deben ser claras y contundentes. Por lo mismo cuando una diputada de la República, al referirse a la ley de usurpaciones, plantea que “no es lo mismo una ocupación abusiva que una ocupación por necesidad”, todos nos llenamos de dudas sobre la real convicción del oficialismo respecto a las políticas que buscan combatir la inseguridad.

¿Cómo le podemos explicar a las personas honradas y decentes que hay legisladores que consideran legítimo que un individuo o grupo se pueda tomar una casa, un predio, un terreno o un campo solo con el argumento de que la ocupación se hace por una necesidad? La señal es malísima y muestra el trance crítico que estamos viviendo a todo nivel. Hay un intento permanente de saltarse las reglas y justificar esas acciones a partir de argumentos tan grotescos como los que expuso la diputada.

Ejemplos sobran en todos los ámbitos: ahí están las isapres que se saltaron los fallos de la Corte Suprema y el Estado que no hizo cumplir la ley; la evasión en el sistema público de transporte metropolitano que llega a un 44 por ciento; la corrupción vigente en distintos estamentos del Estado; el ingreso de celulares y la perpetración de delitos a través de esos aparatos en las mismas cárceles; la cultura narco que impone su ley a la fuerza sin que las autoridades tengan respuestas concretas para enfrentarlos. O los grupos políticos que hasta hoy justifican la violencia como método de acción e incluso avalan la entrega de millones a un museo que hace apología de los excesos, quemas y agresiones de finales de 2019.

Los que estamos en cargos de responsabilidad pública también debemos asumir nuestras culpas. No haber aprobado una reforma de pensiones que la gente viene clamando hace décadas es un síntoma de la inoperancia respecto a temas sobre los cuales las personas realmente esperan solución. A veces por enfrascarnos en disputas partidarias, estamos descuidando las cosas que realmente son relevantes para las personas.

La muerte de un lactante en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio vuelve a poner en duda cuál es la verdadera prioridad que el gobierno de Boric tiene para temas tan importantes como la salud. Que una ministra como Antonia Orellana justifique la entrega de cuatro millones a una organización cuyo interés es divulgar el conocimiento del clítoris y diga que es un asunto de salud pública no tiene nada que ver con las verdaderas dificultades que hoy los chilenos sufren en la salud pública y que tienen desenlaces tan dramáticos como el fallecimiento de dos lactantes por falta de camas pediátricas.

El Presidente de la República en la cuenta pública habló de un cambio de prioridades y yo mismo me encargué de valorar ese nuevo relato. Pero cosas como las que he descrito me hacen pensar que el discurso del 1 de junio en Valparaíso fueron solo palabras que como frases que no tienen sustancia, tarde o temprano, se las lleva el viento.

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