"Son muchas las personas que han tenido año sabático, pero hay una que lleva en su apellido 'Loncón Antileo.'" Esta declaración de Elisa Loncón resume con bastante claridad el que ha sido el principal argumento que ella ha sostenido en la discusión pública que se ha generado en torno a la creciente polémica por la negativa a acceder a la solicitud de transparencia en torno a los antecedentes académicos en virtud de los que se justifica la decisión de la USACH de otorgar un año sabático a la ex presidenta de la Convención Constitucional.
La polémica se ha suscitado luego de que la institución de educación superior se negara a cumplir con una solicitud de transparencia pasiva realizada por un medio. La ley permite al solicitante, al negarse el organismo estatal a entregar la información, recurrir al Consejo para la Transparencia. Al indicar este último la obligación de la USACH de entregar la información académica de Elisa Loncón, la universidad decidió acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que eso sucediera.
De cara a la ciudadanía esta polémica deja bastantes incógnitas; la principal, obviamente gira en torno a cuál sería la razón para que, institucionalmente, la Universidad de Santiago decida hacer todos los esfuerzos a su haber para evitar entregar información sobre la ex presidenta de la Convención Constitucional. Si bien en la última vocería desde la USACH han dicho que los antecedentes ya son públicos y habría “desconocimiento” por parte del resto de la sociedad, resulta una contradicción de fondo, pero también una torpeza mayúscula de forma, el negarse y entorpecer tanto como sea posible el proceso de entrega de información.
Otra interrogante que legítimamente puede surgir en la ciudadanía dice relación con las motivaciones. ¿Es realmente discriminación, racismo, violencia de género o un ánimo persecutor lo que anima el interés en torno a la solicitud de estos antecedentes?
Primero, hay que comprender la magnitud del principio de transparencia en los organismos del Estado y el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos de nuestra nación. Si nos fijamos en el artículo 8° de la actual Constitución, se establece que:
“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto (…) cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”
Si comprendemos que Elisa Loncón es una funcionaria pública al estar a contrata como académica en el Departamento de Educación de la USACH, asimilada a un grado 4 de remuneración, lo que en marzo de este año implicó un sueldo bruto de $3.680.936, es evidente que sus actos, publicaciones y antecedentes académicos están plenamente sujetos al derecho de la ciudadanía a acceder a la información. Otra perspectiva es que, dado el articulado de la Constitución, en simple, toda acción del Estado y sus funcionarios es pública, a menos que se acoja correctamente a alguna excepción.
Entendiendo lo anterior, la existencia del pleno derecho de la ciudadanía y de la completa obligación de Elisa Loncón y la Universidad de entregar los antecedentes de sus actuaciones, implica que no es necesaria una justificación para que algún miembro de la sociedad solicite dichos antecedentes. De igual manera, si se quisiera buscar una, probablemente no serían el racismo, la violencia de género o una persecución; existen en la administración pública personas de diversos orígenes étnicos y de diferentes nacionalidades, a la vez que hombres y mujeres participan en la misma casa de estudios.
Es particularmente esta polémica, junto a sus declaraciones, lo que ha mantenido a Loncón en la agenda pública. Si se hubiera entregado la información y ella no utilizara su año sabático para recorrer universidades extranjeras sosteniendo análisis algo forzosos sobre el fracaso del proceso que lideró, probablemente saldría de la discusión pública, lo que evidenciaría que no existe una persecución o equivalente en su contra.
Por último, es justamente el uso que Elisa Loncón está dando al beneficio otorgado lo que reaviva de cuando en cuando el interés por su figura. El peregrinaje que está realizando por diferentes casas de estudio en el extranjero intentado instalar la idea de que fue el uso masivo de fake news o el racismo de los chilenos lo que llevó al rechazo de la propuesta constitucional de la Convención, obviamente requiere que otros actores políticos respondan estas alegaciones en un sano debate democrático.
Es ahí donde aflora la demanda, o la presunción, de un privilegio particular por parte de Elisa Loncón: ella pretende gozar los derechos y beneficios de su posicionamiento político, pero no los costos. O incluso, pretende ser a ratos exclusivamente una académica, pero con pleno derecho de intervenir en política sin que eso conlleve los costos.
No es que el solicitante de la información vía transparencia pasiva haya sometido a Loncón al “escarnio público”, como ella sostiene, sino que esto resulta inherente al haber participado en un proceso eleccionario, haber presidido la Convención Constitucional y al continuar insistiendo tanto en ideas rechazadas por la ciudadanía que eran contenidas en dicho proyecto, como en declaraciones que interpretan mañosamente la realidad política y cultural que rodeó el resultado electoral del 4 de septiembre del 2022.
Llama la atención el esfuerzo realizado por la institución para evitar la entrega de información que evidentemente es pública. Pero aún mayor suspicacia genera el intento de Elisa Loncón de escudarse tras alegatos de discriminación cuando, en su condición de funcionaria pública, no es aceptable entorpecer un derecho de la ciudadanía tan relevante como lo relativo a la transparencia y correcto uso de los recursos de todos los chilenos.
