Las relaciones entre Chile y Bolivia siempre han sido tensas, especialmente por las múltiples demandas del país vecino por el derecho al mar lo que ha generado consecuencias legales a nivel internacional, junto con el constante llamado anti chileno por parte de las autoridades altiplánicas cuando hay crisis política interna. Esta tensión constante ha cambiado en los últimos años, especialmente con la llegada al poder del Frente Amplio y el Partido Comunista, y pasó de una tensión territorial a un temor absoluto a incomodar a los vecinos.
Este temor se puede ver en varias acciones del gobierno. La más evidente es en materia migratoria, donde las primeras acciones del nuevo gobierno fueron sacar una resolución que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos si ingresan clandestinamente por ese país (resolución exenta 39.798 del 28/04/2022), aún cuando durante febrero 2022 los bolivianos sí aceptaron reconducir a extranjeros de otras nacionalidades.
A su vez, es incomprensible que en la reciente tensión en la frontera Arica-Tacna, donde ciudadanos venezolanos buscaban entrar a Perú sin tener visa, nadie del Ejecutivo tratara de resolver el problema permitiendo un corredor mediante Bolivia, país que no les pide visa a los extranjeros venezolanos. Finalmente, es patético el silencio de la actual administración con respecto a que el presidente de Bolivia regala autos robados en Chile, donde la aduana boliviana culpó a Chile por “no proteger bien” estos autos.
Ahora bien, este temor se explica por la admiración del Frente Amplio y el Partido Comunista por el país vecino. Uno de sus grandes líderes intelectuales es el ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien gobernó por 15 años y es uno de los promotores de la plurinacionalidad y de extremar las reformas lo más a la izquierda posible.
A su vez, la embajadora y líder del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, en su campaña presidencial establecía que “nadie habla mal del Gobierno boliviano porque es un éxito” y que Chile debería copiar su estrategia económica. Finalmente, con la reciente medida de nacionalizar los fondos de pensiones por parte del presidente Arce, uno recuerda los dichos de “no es tu platita” que defendió fuertemente el Frente Amplio y el Partido Comunista, donde la nacionalización de los fondos de pensiones para financiar sus gastos era una de las prioridades.
El gran problema es que este temor a incomodar a Bolivia por razones ideológicas genera un grave costo para Chile. Más de 40 mil migrantes ingresan clandestinamente por este país, sin ninguna sanción o consecuencia, y si bien Chile ofrece a los vecinos facilidades para exportaciones marítimas y accesos privilegiados a su carga, Bolivia parece no hacerse responsable de los flujos migratorios, de sus egresos clandestinos, ni de los robos de autos en nuestro país.
Esto genera un colapso en materia migratoria, especialmente en el norte y la zona poniente de la Región Metropolitana, y un aumento de extranjeros en recintos penitenciarios chilenos, donde representan un 13% de la población total, y casi el 50% en la región de Tarapacá. También no se debe olvidar que, en los últimos 6 meses, dos funcionarios del actual Ministerio del Interior fueron arrestados por traficar personas con este mismo país.
Se necesita una posición más clara con respecto a Bolivia, donde por buenismo y cercanía ideológica, mientras se discute como no molestar al país altiplánico y como adaptar sus políticas indigenistas, son los ciudadanos chilenos y los extranjeros residentes quienes sufren las consecuencias de una migración descontrolada y de robo de vehículos.
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