El gobierno acaba de anunciar un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que establece un alza escalonada del salario mínimo, con el objetivo de alcanzar los 500 mil pesos en julio del próximo año. Una medida que sorprende, porque el Ejecutivo inicialmente tenía definido cumplir esa meta a fines de su mandato en 2026.
Una premura que no parece responder a consideraciones técnicas, sino más bien a la necesidad de la actual administración de mostrar logros frente a una ciudadanía que mayoritariamente tiene una mala evaluación del gobierno en diversos ámbitos, especialmente en materia de seguridad.
Pero una determinación tan sensible como esta no se puede adoptar solamente por consideraciones políticas o con el propósito de repuntar en los esquivos sondeos de opinión, sino que se debe hacer sobre la base de argumentos técnicos que señalen rigurosamente si el país está en condiciones de elevar el ingreso básico hasta ese monto de forma tan abrupta, sin afectar a la economía, las pymes y el mercado laboral; especialmente si se tiene en cuenta el precario escenario económico actual del país. De hecho, el Banco Mundial ha reiterado que Chile será, junto a Haití, la única nación de la región que no crecerá en 2023.
Por lo mismo, adoptar una medida de este tipo dejando afuera a uno de los principales sectores que resultará afectado por la misma, como son las empresas de menor tamaño, no sólo es un despropósito, sino que también una irresponsabilidad, al no considerarse los efectos negativos que ello conllevará.
No hay que olvidar que las pymes aún no se han podido recuperar del todo del impacto que provocó la pandemia, y que siguen arrastrando una pesada mochila a la que el Estado le quiere seguir agregando piedras con este pretendido incremento del salario mínimo de 500 mil pesos de aquí a un año, que se sumaría a la Ley de 40 horas que ya fue aprobada, y el listado continúa con las reformas al sistema de pensiones y tributario que tiene en carpeta el gobierno.
Como representantes de un importante sector de las pymes, entendemos que exista la voluntad por reajustar el salario mínimo en un contexto donde la inflación ha golpeado de forma importante el bolsillo de los chilenos y su poder adquisitivo, pero eso no puede llevar a implementar medidas que afectarán negativamente al sector que es el que genera mayoritariamente empleos en Chile, porque las pymes también vienen experimentando una sostenida alza de costos por diferentes razones, entre ellas el IPC, y donde un gran número de ellas no tiene las espaldas para absorber este nivel de incremento del salario mínimo.
En el anterior reajuste salarial el gobierno entregó un subsidio a las empresas de menor tamaño para que precisamente este mayor costo no los golpeara de lleno. Ahora el Ejecutivo anunció que estaría contemplado un subsidio también, pero no ha señalado el monto que tiene pensado otorgar. Resulta fundamental contar con ese respaldo y que la cifra de ese subsidio proteja efectivamente a las pymes, evitando su quiebra y el aumento del desempleo.
Finalmente, el gobierno debe entender que este tipo de decisiones no las puede tomar a espaldas de las empresas de menor tamaño, y que lo que el país requiere hoy es llegar a acuerdos en los temas centrales incorporando la opinión de los distintos actores y sectores productivos.
