Nos encontramos a contra reloj en el proceso dictaminado por el nuevo Código de Aguas para la debida regularización e inscripción de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas.
Se trata de un paso sine qua non para la correcta, legal y responsable extracción del agua que usa la agricultura nacional para el riego, y que, por cierto, no está exento de complejidades técnicas, logísticas y financieras.
La mayor complejidad quizás es la que se da en el mundo de las y los agricultores y campesinos. Si bien este grupo cuenta con un plazo excepcional extendido hasta el 6 de abril de 2027 en aquellos casos que formen parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) -256 mil en todo Chile-, ellas y ellos son quienes tienen mayores brechas de acceso a la información, internet, recursos, conocimiento y certezas jurídicas.
Las estimaciones dicen que hay 350 mil personas o entidades con Derechos de Aprovechamiento de Aguas constituidos o reconocidos en Chile, pero menos de la mitad estarían registrados ante el Catastro Público de Aguas (CPA).
Existen otras 130 mil que participan en organizaciones de usuarios, pero que no han regularizado sus derechos, y 70 mil que la DGA ha identificado como inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, pero no inscritos en el CPA. Ellas y ellos deberían iniciar cuanto antes su inscripción y/o regularización
Lo remarcamos porque no es sólo un listado de números. Cualquier acción que dejemos de hacer para asegurar el éxito de la regularización de derechos de aguas repercutirá negativamente en la pérdida de los mismos, y, por ende, en la capacidad nacional de producción de alimentos (la Agricultura Familiar Campesina aporta el 54% de las hortalizas, la mitad del trigo y la mitad de la existencia bovina en el mercado interno), y también en las exportaciones. Ese es un lujo que no podemos darnos en el complejo escenario agroalimentario, inflacionario y económico que atraviesa el mundo.
Creemos que aquí se nos presenta una buena y nueva oportunidad para unirnos en torno al uso eficiente, sostenible, seguro y justo del recurso hídrico. Y para eso, es de vital importancia que las instituciones involucradas hagamos los esfuerzos necesarios frente a esta gran tarea a través de articulaciones de convenios y medidas conjuntas, por ejemplo, entre el Estado, las Organizaciones de Usuarios de Agua, (juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas y comunidades de aguas superficiales y subterráneas), las sociedades gremiales, las universidades y los líderes de opinión.
En INDAP recogimos el guante. Lo central es trabajar en conjunto y en terreno con las productoras y productores de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, para amplificar la información, el financiamiento y la asesoría técnico-legal que les permita culminar de buena manera su regularización.
Respondimos a la urgencia, y por eso hemos puesto en marcha una estrategia con varias líneas de acción para regularizar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Su principal instrumento es el nuevo Bono Legal de Aguas (BLA) que incluye la subvención de al menos el 90% de los costos asociados a este trámite, con lo que se apoyará a un universo potencial de 5.000 usuarias y usuarios INDAP, con una inversión que cuadruplicamos para este año alcanzando los $2.700 millones.
Invitamos a todos los actores a sumarse por el agua en regla en Chile. Sólo así estaremos respondiendo proactivamente al cambio climático, enfrentando la escasez hídrica y fortaleciendo la soberanía para la seguridad alimentaria de nuestro país.
