En diciembre del año pasado, el actual Presidente, durante su campaña, afirmó que buscaría impulsar una política ferroviaria “aunque a algunos les moleste”. “Quiero decirles una cosa: no les tengan miedo a los cambios, porque los cambios que vienen son para bien. Necesitamos trenes para Chile, para el norte y para el sur”.
Ahora bien, lo que no se esperaba es que, hasta el momento, el único tren con presencia nacional, especialmente en el norte, es la banda criminal de ciudadanos extranjeros conocida como el Tren de Aragua, donde la actual administración ha dado señales extremadamente contradictorias entre los incentivos que realizan para legalizar su principal negocio, el ingresar migrantes de forma ilegal a nuestro país, junto con las declaraciones de apoyo a Carabineros, PDI y Fiscales, con un supuesto aumento de recursos para ellos.
Es importante dejar claro desde el inicio que no hay autoridad ni sector político conocido que defienda o incentive la entrada de bandas criminales, pero la falta de acciones concretas o las señales sin preocuparse de su impacto generan incentivos que aprovechan estas bandas para lucrar con acciones tan terribles como traficar niños por el desierto.
Ahora bien, durante la presentación en julio en dos comisiones del Senado, el Director del Servicio de Migraciones expuso que la nueva política migratoria entregará 127 mil visas a todos los extranjeros que hayan ingresado clandestinamente a Chile, y que también considerará a aquellos que ingresen en el futuro por estos pasos no habilitados. Esto tiene tres consecuencias bastante complejas para nuestro país.
La primera es que avanza en justificar e indirectamente legalizar el negocio del Tren de Aragua y de los traficantes de personas, ya que valida el ingreso clandestino como un mecanismo legal para entrar a Chile y obtener una visa. En ese sentido, se minimiza el enorme riesgo del camino, muchas veces a pie, con temperaturas extremas, y se hace vista gorda hacia el rol de los traficantes de personas.
La segunda es que, al prometer un perdonazo permanente, se renuncia a ejercer un sistema de visados ya que, si alguien ingresa clandestinamente, sin solicitar visa, igual le tramitan un permiso en Chile. Es esperable que, con este anuncio, los ingresos clandestinos durante el segundo semestre, cuando termine el invierno, aumenten de forma importante. Solo basta revisar las cifras de los flujos del primer semestre, donde se duplicó la cantidad de niños que ingresaron clandestinamente a Chile.
La tercera es que genera una presión para las comunas donde se asientan estos migrantes irregulares, donde al no controlar la frontera y permitir que cualquiera ingrese y obtenga visa, estos migrantes acceden sin restricciones a servicios como salud, educación, y necesitan un lugar donde vivir, con lo que el uso de espacios públicos, hacinamiento, arriendo abusivo y tomas van creciendo naturalmente, en lugares donde ya existen grandes necesidades, normalmente en comunas más vulnerables.
En ese sentido, se comparten las declaraciones del subsecretario del Interior y del Presidente de poner más recursos y mostrar una mano firme contra las bandas delictuales extranjeras, pero es totalmente incoherente estas medidas con la legalización del ingreso clandestino, o con la indolencia que han mostrado con las expulsiones administrativas o la reconducción. Esperemos que el gobierno considere la importancia de una migración regular, y de una señal alineada con combatir a las bandas delictuales, en vez de buscar como generar perdonazos de quienes solicitan su ayuda para ingresar a la mala a Chile.
