Se ha comentado en la prensa y desde el Ministerio Público sobre el caso del Tren de Aragua, esta banda criminal que es dirigida desde la cárcel en Venezuela, y que hoy han extendido sus redes a Brasil, Colombia, Perú, y últimamente, a nuestro país.

Esta banda está asociada al tráfico de personas, acceso a armas y municiones, y trata y explotación sexual. El tener la presencia de estos extranjeros, que siendo una minoría con respecto al 1,5 millón de extranjeros residentes, que claramente no vienen a aportar, sino a hacer daño, perjudica al país. Ahora, es transversal, de que se deben tomar medidas en contra de estos grupos, para evitar la estigmatización de los extranjeros en Chile y evitar el daño que generan en personas y territorios donde operan.

Para ello, uno de los mayores inconvenientes ha sido la posición que ha tomado el gobierno de Boric con respecto a la migración. Si bien el mismo presidente ha dicho que tomará medidas, la realidad es que, pensando en que estos extranjeros ingresan clandestinamente y tienen antecedentes penales en su país de origen, lo que les ha ofrecido la nueva administración es que puedan operar con total libertad, por las siguientes tres razones:

(1) El Servicio Nacional de Migraciones, a través de la resolución exenta 39798 del 28 de abril, limitó las reconducciones o devoluciones solo para ciudadanos bolivianos. Esto significa que cualquier extranjero de cualquier país que no sea Bolivia, aún si tiene antecedentes penales, drogas, armamentos, ha sido expulsado anteriormente o trafica niños, las autoridades, ya sea Carabineros, Fuerzas Armadas o PDI, no pueden evitar su ingreso o devolver al país donde son residentes. Lo más extraño es que si entran por Perú sí pueden ser devueltos, lo que demuestra que o existe una falta de disposición por motivos ideológicos a la reconducción, o una falta de capacidad de negociar con Bolivia, donde es el mismo Ministerio del Interior quien se auto impone estas restricciones.

(2) La nueva administración, desde la llegada del nuevo director, no ha expulsado a ningún extranjero en abril y mayo por ingresar clandestinamente o tener antecedentes penales en su país de origen. Solo 3 extranjeros, dos dominicanos y un venezolano, se fueron voluntariamente y tenían antecedentes de ingreso clandestino. Con ello, la señal es clara de que no hay interés ni en reconducir ni en expulsar a quien ingresa clandestinamente.

(3) Se ha insistido, a través de llamados registros biométricos, que entregarán visa a quienes ingresaron clandestinamente. En ese sentido, minimizar el ingreso clandestino y avanzar, de la mano de la propuesta de la nueva Constitución, en que se debe regularizar y no expulsar, independiente del prontuario del extranjero, es una señal muy equívoca con respecto a garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros.

Estas tres medidas generan una señal de impunidad para extranjeros que no quieran respetar nuestras leyes y fronteras, dificultan el actuar de Carabineros y PDI, y es injusto con los extranjeros que solicitaron sus visas y aportan a nuestro país. Si no queremos que se extienda la influencia del Tren de Aragua y aparezcan nuevas bandas, se debe ser claro que en Chile las normas se respetan, pero hasta el momento, en estos 100 días, parece que el descontrol migratorio y la indolencia será la política migratoria del nuevo gobierno.

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