La semana pasada nos dejó don Juan Guzmán Tapia. Su nombre pasa a la historia por haber sido el juez que investigó a Augusto Pinochet y solicitó su desafuero por crímenes de lesa humanidad (Caravana de la muerte) en el año 1998. Esta indagatoria se cristalizó en el sometimiento someterlo a proceso, lo que derivó en una serie de investigaciones por delitos similares -además del caso Riggs- al regreso de su detención en Londres.

La reflexión póstuma respecto del juez Guzmán habla de su coraje y su compromiso con los derechos humanos. A más de 23 años de ser conocido por la opinión pública, su labor se comparte y se aprecia por los jueces y juezas chilenos, no desde una perspectiva política, sino porque su actuación fue constatación que el respeto por los derechos fundamentales es una labor primordial del Estado. Esto trasunta en dos dimensiones: No pueden ni deben violarse por parte de agentes del Estado y, en caso de que así ocurra, se debe investigar y establecer responsabilidades.

En consecuencia, la investigación del Juez Guzmán es la misma labor -sin adjetivos- que realizan hoy los fiscales y que luego juzgan los jueces.

Sin embargo, debemos recordar que el año 1998 el país era otro. Se trataba de investigar a un Ex Presidente, y quien, además, ostentaba el cargo de Senador Vitalicio; con un férreo y acrítico apoyo de un sector político y de las Fuerzas Armadas. Además, el gobierno de Eduardo Frei realizó fructíferas labores diplomáticas para traerlo desde Inglaterra.

También y no menos importante era que la integración de la Corte Suprema contaba con muchos ministros nombrados por el mismo Augusto Pinochet. En consecuencia, las decisiones de Guzmán Tapia estaban bajo una gran presión de aquellos que estimaban que lo mejor era mantener el cómplice silencio judicial.

La aplicación del derecho posee un enfoque sociológico, es decir, un hecho social que cumple unas estipuladas funciones sociales; y, un enfoque ético, desde el cual se mira al derecho como expresión de determinadas concepciones de la justicia.

Aquí radica el legado de Juan Guzmán Tapia, ya que, por una parte, corrió el tupido velo de la impunidad, y permitió, revelar el derecho de toda sociedad a saber quiénes fueron los responsables de tan graves delitos y por otra, nos hizo recordar -para nunca olvidar- que un sistema válido de justicia solamente es aquel que respeta los derechos fundamentales.