El Gobierno volvió a defender las 56 rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales, entre ellos abusos y violaciones contra menores de edad, insistiendo en que las decisiones se ajustan a la legislación vigente.
Esta vez fue la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien respaldó la actuación del Ejecutivo, en medio de los cuestionamientos por la firma de los decretos sin que existieran órdenes judiciales previas para estos casos.
“En esto yo quiero ser muy clara. Este Gobierno trabaja por la protección de la infancia, y así lo ha hecho desde el primer día. El ministro de Justicia ya señaló que el Gobierno está cumpliendo con la ley, pero nosotros siempre vamos a estar disponibles para evaluar mejoras legislativas”, sostuvo.
La secretaria de Estado fue consultada reiteradamente sobre la decisión de la administración del presidente José Antonio Kast de conceder las rebajas directamente, en lugar de rechazar las solicitudes y esperar eventuales pronunciamientos de los tribunales.
Sin embargo, Wulf evitó responder directamente por qué el Ejecutivo optó por firmar los decretos, limitándose a reiterar que el Ministerio de Justicia actuó conforme a la normativa.
Gobierno defiende rebajas y apunta a administración anterior
Durante el intercambio con la prensa, la ministra también hizo referencia a las rebajas de condenas registradas durante el gobierno anterior.
“Vuelvo a insistir, el ministro de Justicia en esto ha sido muy claro. Se está cumpliendo con la ley. Y entiendo que en el gobierno también anterior hubo 276 casos en los cuales hubo rebaja de condena”, afirmó.
En esa línea, agregó que “lo que tiene que cumplir un gobierno es justamente la institucionalidad, la Constitución, y estar abierto a las mejoras legislativas”.
La controversia surgió luego de conocerse que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, dictó 56 decretos de reducción de condenas entre marzo y septiembre de este año, correspondientes a 27 casos de abuso sexual de menores y 29 de violación.
La cartera ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte Suprema impide aplicar retroactivamente la restricción incorporada en 2022, que excluyó de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores.
No obstante, los 56 decretos no respondieron a órdenes específicas del máximo tribunal, sino a una decisión administrativa del Ministerio de Justicia basada en criterios establecidos en fallos anteriores.
Precisamente, ese cambio de criterio ha sido cuestionado por el exministro Jaime Gajardo, quien aseguró que durante la administración anterior se rechazaban las solicitudes y solo se concedían las rebajas cuando existía una resolución judicial que así lo ordenara.
Ministra evita comprometer respaldo a proyecto que busca impedir beneficios
Wulf también fue consultada sobre un proyecto de ley que busca impedir que condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores puedan acceder a estos beneficios.
Ante la pregunta de si el Gobierno patrocinará la iniciativa, la ministra tampoco comprometió su respaldo.
“El Gobierno siempre tendrá la disposición a mejorar la ley, y en esto es algo que involucra al presidente de la República”, respondió.
En cambio, destacó que este viernes el Ejecutivo presentará un proyecto de ley destinado a enfrentar la explotación sexual infantil, particularmente en residencias de protección.
“Estamos viendo que hay niñas en las residencias, adolescentes, que están siendo abordadas por mafias. Los equipos de las residencias tienen que enfrentarse a estas mafias. Necesitamos coordinación”, advirtió.
La iniciativa forma parte del Plan Chile Cuida a los Niños y, según explicó la secretaria de Estado, busca entregar nuevas herramientas para prevenir y enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Pese a los cuestionamientos por las rebajas de condenas, Wulf insistió en que “este Gobierno trabaja por y para los niños de nuestro país, siempre bajo el marco legal”.
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