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Escribo esta columna como un chileno que siente consternación, rabia y dolor al ver cómo caen nuestros carabineros mientras cumplen con el deber que el Estado les ha encomendado: protegernos. Y después de la muerte del Cabo 2° Christopher Andrés Aguilera Fernández, de apenas 30 años y padre de una pequeña guagüita, creo que Chile debe atreverse a formular una pregunta que durante demasiado tiempo hemos evitado: ¿debe nuestro país volver a discutir la pena de muerte?
No es una pregunta fácil ni pretende desconocer las enormes implicancias jurídicas, constitucionales, éticas e internacionales que tendría una decisión de esta naturaleza. Es, precisamente, una pregunta que una sociedad democrática debe ser capaz de discutir cuando la violencia criminal alcanza niveles que ponen a prueba la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Christopher Aguilera Fernández murió después de recibir un impacto de bala en la cabeza mientras participaba en un procedimiento policial en Lo Espejo. Hoy, una familia quedó destruida y Carabineros de Chile perdió a uno de los suyos mientras cumplía con una función esencial para nuestra sociedad.
El ataque ocurrió durante una fiscalización en la población Las Dunas y, según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el atacante era de nacionalidad venezolana y registraba detenciones anteriores por porte de arma cortante y cohecho. Además, portaba un arma con un cargador extendido y habría efectuado múltiples disparos contra los funcionarios antes de ser abatido por uno de ellos. Estos antecedentes son parte de una investigación que continúa en desarrollo.
Pero más allá de las circunstancias particulares de este caso, lo que ocurrió en Lo Espejo no puede ser tratado como un hecho aislado. Cuando un funcionario policial es atacado a balazos mientras realiza una fiscalización, cuando la capacidad de fuego de quienes enfrentan a nuestros policías alcanza niveles semejantes y cuando la violencia contra quienes representan al Estado comienza a formar parte del paisaje cotidiano, estamos frente a algo mucho más profundo que un delito más. Estamos hablando de una amenaza directa al orden público, a la autoridad del Estado y, finalmente, a la seguridad de todos los ciudadanos.
¿Hasta cuándo tendremos que acostumbrarnos a los homicidios, a los secuestros, a las extorsiones, al tráfico de armas y a una violencia criminal que parece no encontrar límites? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que quienes salen a protegernos tengan que hacerlo sabiendo que pueden no regresar a sus hogares? Detrás de ese uniforme hay una persona, una familia, padres, hijos, hermanos y amigos. Hay una vida que hoy terminó porque ese hombre salió a cumplir una tarea que el Estado le encomendó: protegernos.
Y aquí aparece una discusión que durante años ha sido políticamente incómoda, jurídicamente compleja y moralmente difícil: ¿qué penas está dispuesto a establecer un Estado cuando alguien atenta deliberadamente contra la vida de otra persona y, especialmente, contra quien representa al propio Estado? Chile abolió la pena de muerte para los delitos contemplados en la legislación penal común mediante la Ley N.º 19.734, publicada en 2001, sustituyéndola por el presidio perpetuo calificado. La legislación chilena mantiene, sin embargo, una regulación excepcional vinculada a determinados delitos militares cometidos en tiempo de guerra.
También es cierto que Chile asumió compromisos internacionales que hacen que cualquier discusión sobre una eventual reinstauración de la pena de muerte sea particularmente compleja. En 2008 nuestro país promulgó el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, formulando la reserva permitida para delitos sumamente graves de carácter militar en tiempo de guerra. Ese mismo año Chile promulgó además el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Por eso, hablar de reinstaurarla no significa simplemente modificar una norma penal: implica abrir una discusión jurídica e internacional de gran magnitud.
Pero precisamente por eso creo que la discusión debe darse. No estoy planteando que una decisión de esta naturaleza pueda tomarse al calor de la indignación provocada por un crimen. Estoy planteando algo distinto: que Chile tenga el coraje de discutir seriamente si, frente a determinados delitos de extrema gravedad, debe mantener para siempre la prohibición de la pena de muerte o si corresponde revisar esa decisión. Una democracia madura no debiera tenerle miedo a las preguntas difíciles.
Los derechos humanos sí, siempre. Pero también están los derechos de las víctimas, de sus familias, de nuestros niños y de quienes salen cada día a trabajar y esperan regresar vivos a sus hogares. Los derechos humanos no pueden convertirse en un escudo para quienes asesinan ni en una excusa para relativizar la vida de los chilenos. Defender los derechos humanos significa también defender el derecho fundamental a vivir, a caminar por nuestras calles sin miedo y a que el Estado cumpla su primera obligación: proteger a quienes viven bajo su amparo.
Y hay otra pregunta que considero inevitable: por qué no explicarles a los chilenos, con seriedad y sin consignas, ¿qué implicaría jurídicamente una eventual reinstauración de la pena de muerte?, ¿qué compromisos internacionales deberían revisarse?, ¿cuáles serían sus consecuencias y cuáles son los argumentos de quienes están a favor y de quienes se oponen? ¿Por qué no permitir que la ciudadanía participe de una discusión nacional sobre una decisión de esta magnitud? Si jurídicamente resulta procedente y existen las condiciones institucionales para ello, Chile podría discutir incluso la posibilidad de una consulta ciudadana o un plebiscito nacional. Yo sí lo haría.
Porque no se trata solamente de la pena que recibe un delincuente después de cometer un crimen. Se trata de qué sociedad queremos construir y de cuánto estamos dispuestos a exigirle al Estado para proteger la vida de quienes cumplen la ley. Se trata de si vamos a seguir reaccionando después de cada tragedia o si tendremos la capacidad de anticiparnos, fortalecer nuestras instituciones, perseguir al crimen organizado, controlar las armas, proteger nuestras fronteras, respaldar a Carabineros y recuperar el principio básico de que quien agrede al Estado y a sus ciudadanos debe enfrentar consecuencias reales y proporcionales a la gravedad de sus actos.
Christopher Aguilera no debería haber muerto. Su familia no debería estar despidiendo a un hombre de 30 años. Una guagüita no debería crecer sin su padre. Y nuestros carabineros no deberían tener que preguntarse, antes de salir a cumplir su deber, si volverán a abrazar a sus familias. Chile necesita seguridad, autoridad, justicia y un Estado capaz de ejercerla. Y frente a la muerte de un carabinero que salió a protegernos, creo que ya no podemos seguir esquivando la pregunta: ¿debe Chile volver a discutir la pena de muerte?
Así las cosas, La pena de muerte no es una institución del pasado ni una realidad lejana. Sigue vigente en países como Estados Unidos, Japón y Guatemala, entre otros, y también en China. Por eso, Chile puede y debe ser capaz de generar un espacio de discusión.
