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Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile sobre los acontecimientos de octubre de 2019 han desatado una predecible tormenta en el debate público nacional. Sin embargo, más allá del revuelo por la inusual actuación del jefe de la misión estadounidense -en comparación con la diplomacia tradicional y gestiones anteriores de esa representación-, el fondo del asunto exige una reflexión directa sobre dos verdades incómodas: la naturaleza real de la violencia de 2019 y la inevitable transformación de la política internacional en un país que no debería acomplejarse ni traumatizarse con los recuerdos del pasado muy reciente.
En primer lugar, señalar que la violencia desatada durante el denominado “estallido social” no fue un fenómeno meramente espontáneo ni un candoroso brote de malestar ciudadano es hoy una afirmación basada en el sentido común y en la evidencia constatada por múltiples analistas.
Ejemplo de esto fue el estreno en Chile el año 2019 de ataques de bots provenientes de servidores ubicados en el Caribe y Asia, pero expertos en el arte de tergiversar la historia ahora deslizan que los bots de la ultraderecha permitieron el Triunfo del Rechazo el 4/S.
Sostener que existió una articulación y un impulso deliberado por parte de sectores de la izquierda radical para erosionar la institucionalidad democrática no es una provocación; es una lectura concordante con lo que millones de chilenos presenciaron en las calles y en la arena política.
Que un embajador extranjero exprese una conclusión semejante no hace más que aportar a un diagnóstico que muchos sectores denunciaron desde el primer día, al tiempo que causa asombro por los años que debieron transcurrir para que Estados Unidos emitiera una opinión sobre sucesos que estuvieron muy cerca de derrumbar la democracia chilena.
En segundo lugar, resulta contradictoria la reacción de quienes acusan al embajador de una “intromisión inaceptable”. Algunos de quienes se apresuran a condenar las palabras del representante estadounidense suelen ser los mismos que guardan un complaciente silencio -o directamente aplauden- cuando diplomáticos o mandatarios de otros signos ideológicos emiten juicios sobre la política interna chilena y participan en cuanta actividad política existe: conmemoraciones partidistas, cierres de congresos ideológicos, romerías a cementerios y giras ante variadas audiencias a nivel nacional.
El embajador Brandon Judd representa a una nación que, en cuestión de semanas, enfrentará elecciones legislativas de mitad de término y que en dos años renovará nuevamente su presidencia y su Congreso; un país donde conviven partidos de diversos signos ideológicos cada vez más diferenciados, con una prensa plenamente libre y donde la libertad de expresión es un derecho sagrado e inalienable.
Los países que se identifican como amigos y aliados de Estados Unidos deberían compartir estas mismas características. Sería ilustrativo comparar y reflexionar sobre la situación de las oposiciones en los países del frente totalitario que le disputan la hegemonía mundial a Estados Unidos y pensar en el viejo dicho popular: “Dios nos pille confesados” si fuéramos disidentes y si tales modelos se llegaran a imponer a nivel planetario.
En estos tiempos, es oportuno recordar al embajador estadounidense Harry Barnes, quien representó a su país entre julio de 1985 y noviembre de 1988. Barnes fue un destacado diplomático designado por el presidente Ronald Reagan, clave en el inicio de la transición chilena y reconocido por su intensa actividad política durante su misión, dialogando con los más diversos sectores.
Asimismo, contribuyó a la supervisión del plebiscito nacional de 1988 mediante el financiamiento de un recuento paralelo de votos coordinado con el del Comando del No, apoyo publicitario para la campaña de la oposición de entonces y valiosos aportes para la reinstalación de la democracia en Chile, cerrando el paso al continuismo y a las vías violentas e insurreccionales que amenazaban la futura estabilidad institucional y también la libertad.
