A fines de agosto, en la Feria del Transporte de Carga, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz les advirtió a los transportistas que todavía quedan cerca de 200 pesos por litro por traspasar al diésel, y que habrá una segunda alza y, muy probablemente, una tercera. En marzo ya había aplicado la mayor alza de combustibles en años. La explicación es siempre la misma. El precio internacional de refinación, un factor externo, algo que no se puede tocar.
Esa misma semana se conoció el Estudio Mundial de Juventud 2026, de Activa Research junto a la red WIN. Dos de cada tres chilenos quisieran irse a vivir a otro país por mejores oportunidades. Entre los jóvenes de 18 a 24 años son tres de cada cuatro. Solo uno de cada cuatro cree que alguna vez podrá pagar una casa propia. Nadie arma esa maleta mental por gusto. La arma después de restarle el arriendo al sueldo y mirar lo que queda.
Bajémoslo a una mesa de familia concreta. Una familia de cuatro, dos que trabajan, con 700 mil pesos líquidos al mes. Solo el arriendo de vivienda de dos dormitorios en Conchalí, entre 380 y 450 mil pesos, y la canasta básica de alimentos que fija el propio Estado, 360 mil por los cuatro, ya se comen el ingreso completo. Todavía falta la luz, que subió al terminar el congelamiento, el agua, el gas, los 795 pesos de cada pasaje y los útiles del colegio. La línea de la pobreza para ese hogar, según Desarrollo Social, son 973.890 pesos al mes. La cuenta no cuadra por cientos de miles de pesos, y se cierra con deuda o con menos pan en la mesa.
A ese presupuesto que ya no cuadra le pega el diésel, que no es un problema de camioneros. Es el costo de mover la carga que llega a la feria, al almacén y a la panadería. La primera alza de Quiroz ya empujó todo hacia arriba. La segunda y la tercera lo harán de nuevo.
Ese es el punto que conviene mirar de frente. El pesimismo que muestran las encuestas no es un humor que apareció solo, ni un problema de redes sociales. Es una resta que no da.
Cadem midió en julio el pesimismo sobre el futuro del país más alto en una década, y seis de cada diez chilenos esperan que el costo de la vida siga empeorando. Criteria registró que la tristeza se triplicó en seis meses. La gente no está desanimada en abstracto. Hizo la cuenta de su propia vida, le dio en rojo, y concluyó que en este país no va a cuadrar. Cuando esa conclusión la saca un tercio de la población al mismo tiempo, deja de ser un estado de ánimo y pasa a ser un diagnóstico.
Y acá está el fondo. Traspasar el alza íntegra a los hogares es una decisión política, no un hecho de la naturaleza. Cuando Quiroz desarma el mecanismo que amortiguaba el precio de los combustibles, lo hace sin tener a la vista un dato elemental: Chile ya es caro para vivir. Se puede discutir cuánto le cuesta al fisco un subsidio o qué medida debemos adoptar para controlar el alza, pero no se puede discutir en serio ignorando que ese mismo litro más caro se multiplica antes de llegar a la góndola.
Quienes sirven en el Estado tienen una obligación con las familia que llegan justas a fin de mes. Por esta razón, las finanzas públicas y las políticas públicas deberían diseñarse a partir de una sola premisa. Chile es un país caro, y gobernar es hacerlo menos caro para nuestros chilenos.
Menos caro para la feriante de La Pintana que arma su puesto a las cinco de la mañana. Menos caro para el chofer de Maipú que carga diésel antes de salir a repartir. Menos caro para el joven de Santiago que a los 24 ya suma cuánto le falta para irse del país. Cada tarifa, cada impuesto, cada subsidio que se pone o se saca se debe medir con esa vara. Quiroz sacó el subsidio a los combustibles sin ponerse esa vara delante. El país ya lo está notando en decrecimiento, desempleo y desesperanza.
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