Dictadura constitucional: académicos piden retirar reforma de seguridad y Arrau los llama "opinólogos"

¿Puede una reforma pensada para combatir el crimen organizado dejarle servida a un futuro presidente la posibilidad de gobernar como un autoritario?

Esa es la interrogante que plantearon los académicos Arturo Fontaine, de la Universidad de Chile, y Javier Couso, de la Universidad Diego Portales, quienes expresaron serios reparos a la reforma constitucional de seguridad del Gobierno e instaron al presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto del Congreso.

En una carta publicada en El Mercurio, calificaron la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y advirtieron que podría abrir la puerta al autoritarismo e incluso permitir que un futuro mandatario instalara una “dictadura constitucional”.

Hoy, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, rechazó las críticas, llamó “a la seriedad” y defendió que las medidas buscan enfrentar al crimen organizado con mecanismos que ya existen en otros países.

La carta de académicos contra la reforma de seguridad de Kast

Fontaine y Couso parten haciendo una precisión: no ven indicios de que Kast quiera capturar las instituciones de control o acallar a la prensa. Sin embargo, su advertencia apunta a las facultades que esta reforma dejaría disponibles para él y para cualquier presidente que llegue después.

El punto más delicado, sostienen, es el nuevo estado de excepción que el mandatario podría decretar por hasta 240 días, sin autorización previa del Congreso. Durante ese periodo sería posible suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.

El problema, según los académicos, es que la norma permitiría terminar el estado de excepción antes de completar el plazo, esperar algunas semanas y volver a decretarlo. Así, un futuro presidente podría gobernar durante gran parte de su mandato con derechos restringidos y sin necesitar una autorización previa del Congreso.

Y esa herramienta, advierten, podría terminar utilizándose no solo contra integrantes del crimen organizado o grupos terroristas, sino también contra periodistas, dirigentes sociales o líderes de oposición.

“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, sostuvieron.

La carta también cuestiona que el Ejecutivo y el Senado puedan definir un registro de organizaciones criminales y terroristas. Para Fontaine y Couso, entregar esa decisión a autoridades políticas “borronea la separación de poderes” y constituye “un paso propio de gobiernos iliberales”.

A esto sumaron el empleo de las Fuerzas Armadas en labores policiales y la posibilidad de restringir determinadas prestaciones sociales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo, incluso después de haber cumplido 15 años de cárcel.

Para los académicos, la seguridad debe enfrentarse con más policías, mejor entrenamiento, tecnología y recursos, no ampliando el poder presidencial mediante una reforma constitucional.

“Si los cambios al proyecto son cosméticos, la amenaza del autoritarismo legal sigue en pie. Si diluyen el proyecto, no tiene sentido mantenerlo. Si solo se busca dar la sensación de seguridad, ¿no sería demagogia constitucional?”, plantearon.

Por eso, pidieron directamente a Kast retirar la iniciativa del Congreso, “dar vuelta la hoja” e invertir en medidas concretas de seguridad.

La respuesta de Arrau: “Llamaría a la seriedad”

Consultado por las advertencias de Fontaine y Couso, el ministro Martín Arrau rechazó los calificativos utilizados contra el proyecto.

“En primer lugar, yo llamaría a la seriedad, y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué”, respondió.

Arrau explicó que el nuevo estado de excepción busca intervenir “barrios, puntos muy locales donde el narco, el crimen organizado se lo ha tomado”. Aseguró que las atribuciones propuestas ya se encuentran presentes en otros estados de excepción y señaló que el plazo de 240 días está abierto a cambios.

“Sobre el plazo, totalmente conversable”, sostuvo.

Sin embargo, no abordó directamente el escenario central planteado en la carta: qué impediría que un futuro gobernante terminara el estado de excepción y volviera a decretarlo poco después para prolongar la restricción de derechos.

El ministro también defendió el registro de organizaciones criminales y terroristas, señalando que existen fórmulas similares en Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países. Según explicó, en Chile el listado requeriría informes del Ministerio Público, una propuesta del Ejecutivo y la aprobación de dos tercios del Senado. “De toda la experiencia internacional que hemos revisado, es el más estricto de todos”, afirmó.

Arrau también apuntó contra quienes han cuestionado la iniciativa y los acusó de recurrir a calificativos que, a su juicio, no se desprenden del contenido del proyecto.

“Yo no veo dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en Derecho, y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que se ha instalado una ofensiva contra la reforma sin discutir seriamente su contenido. “Sale una campaña, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado”, concluyó.