Ética y transparencia de BioBioChile

Un nuevo flanco se ha abierto para el Gobierno en el marco de la reforma constitucional de Seguridad, luego que se planteara la hipótesis de un plebiscito para implementar las modificaciones en caso de ser rechazadas en el Senado.

Rápidamente La Moneda tuvo que salir a echar por tierra esta posibilidad, aunque igual existió el espacio para las críticas del oficialismo y la oposición. Además, expertos constitucionalistas plantearon que no se cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución para realizar un referendo.

Todo esto emana cuando el Gobierno se ve complicado para conseguir el quórum requerido en el Senado, correspondiente a las cuatro séptimas partes de los parlamentarios en ejercicio. Es decir, 29 de ellos.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, planteó que su administración no tiene en sus planes el apoyar un plebiscito, y que deberán ser los parlamentarios quienes diriman y expliquen sus posturas a la ciudadanía.

De todos modos, la abogada constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Miriam Henríquez, explicó que -para que se pueda habilitar la vía del plebiscito- es necesario que se termine la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional, que se ingrese un veto presidencial, se rechace y los parlamentarios logren la insistencia.

Recién ahí se podría optar por la vía de la consulta a la ciudadanía.

Las críticas a la reforma constitucional de Kast

La oposición ha mantenido una postura firme en contra de esta reforma, en especial contra la creación de un nuevo estado de excepción que coarte las libertades casi al punto del estado de asamblea, con la opción de prolongarse por ocho meses sin que tenga que ser aprobado por el Gobierno.

El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, planteó que la propuesta no solo genera dudas en el mundo político, sino también en el mundo jurídico.

En el oficialismo también mantienen diferencias con el texto planteado, al punto que ya se han activado para poder ingresar modificaciones como la reducción de los plazos del estado de excepción o que su paso por el Congreso deba ser mucho antes de los ocho meses planteados, sugiriendo plazos de 30 días.

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que la vía para plantear las diferencias con el texto del proyecto es a través de las indicaciones.

Con todo, el Gobierno deberá recoger las propuestas que le hagan llegar si quieren que esta reforma pueda ser tramitada en el Congreso.

La primera semana de septiembre, cuando retorne el Congreso, iniciará la tramitación en la Comisión de Constitución, en la previa de la votación en general en la Sala del Senado.