Nuevo pacto de legitimidad para las concesiones

Por
Carlos Cruz
Director Ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

Alberto Undurraga
Socio/Gerente General de ComúnAcuerdo

El sistema chileno de concesiones es, en cualquier comparación internacional, una historia de éxito. Construido con apoyo transversal y legitimidad social, desde 1993, suma más de 120 contratos adjudicados, cerca de US$ 32 mil millones en inversión privada, sobre 3.000 kilómetros de autopistas, aeropuertos, hospitales y otros, que han transformado la infraestructura del país. Es un modelo reconocido en América Latina y hoy sostiene una cartera de nuevos proyectos imprescindibles para el desarrollo.

Sin embargo, pasadas tres décadas hay cuestionamientos importantes. La discusión sobre peajes aplicada a las autopistas ha sido el detonante. Se critica que el Estado recauda recursos a través de algunos de los contratos de concesiones y no se tiene certeza de su uso para otras obras públicas. El Fondo de Infraestructura -creado con amplio respaldo parlamentario para que los excedentes del sistema se reinvirtieran en infraestructura-, no cumplió ese propósito. La morosidad en autopistas urbanas se duplicó en cinco años. Y parlamentarios de distintos bloques coinciden en sus críticas.

Lo que está en cuestión no es la legalidad del sistema —los contratos son válidos, las instituciones operan— sino su legitimidad social: la capacidad de funcionar con la aceptación ciudadana. Esa distinción importa, porque ningún sistema de infraestructura puede operar indefinidamente contra la voluntad de quienes lo usan y quienes viven junto a él.

Creemos que el Gobierno debiera liderar la invitación a un Nuevo Pacto de Legitimidad para las concesiones. Un acuerdo político y ciudadano que reconozca los logros y, a partir de esto, establezca las bases bajo las cuales se continuará desarrollando infraestructura concesionada.

Sus elementos centrales deberían ser: reafirmar la necesidad del modelo de concesiones para el desarrollo de la infraestructura fundamentado en una equilibrada asociación público-privada; transparencia fiscal sobre el balance del Estado en el modelo; una política nacional de tarifas que establezca principios generales antes de cada contrato individual y tarifas especiales para grupos y sectores específicos —y en ese marco, eventuales ajustes a los peajes—; un estatuto del usuario que garantice mecanismos ágiles de reclamo. A esto se suma la participación de las comunidades desde el inicio de cada proyecto, con beneficios concretos para ellas.

Sólo desde el Gobierno se le puede dar el carácter de política de Estado que una iniciativa de este alcance necesita, e incorporar a todos los actores relevantes, incluidos a sus críticos.

La alternativa es preocupante: dejar que las apreciaciones conflictivas escalen vía comisiones investigadoras y leyes, tiene costos para las futuras licitaciones y para la infraestructura que se necesita. El sistema de concesiones más sólido no es el que tiene los mejores contratos. Es el que cuenta con el respaldo de quienes lo usan, de quienes viven a su lado y de las generaciones que vendrán. Reconstruir ese respaldo es hoy la tarea más urgente.