El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, cuestionó la participación de organizaciones chilenas ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de la investigación que terminó con la aplicación de un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones nacionales.
En paralelo, se reabrió el debate sobre quién o quiénes financian a dichas organizaciones.
Un error que está perjudicando a Chile
El canciller apuntó particularmente a las exposiciones realizadas por Fundación Libera y Ecoceanos, entidades que presentaron antecedentes ante la autoridad estadounidense sobre presuntas situaciones de trabajo forzoso en Chile, con foco en sectores como la salmonicultura y la agricultura.
Tras una reunión con gremios empresariales y junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, el ministro Pérez Mackenna sostuvo que la actuación de las organizaciones fue “un error”, señalando que las acusaciones planteadas no se ajustarían a los hechos.
La cita tuvo como objetivo coordinar la estrategia del país frente a la medida adoptada por Washington, en medio de la preocupación del sector exportador por los efectos que podría tener el nuevo gravamen sobre productos chilenos.
En esa línea, el ministro llamó a actuar con unidad frente al escenario comercial. Según planteó, la prioridad debe estar puesta en ampliar mercados y resguardar la capacidad exportadora del país, debido al impacto que esa actividad tiene sobre el empleo.
La controversia se instaló luego de que representantes de la industria agrícola y salmonera criticaran la intervención de ambas ONG en las audiencias realizadas en Estados Unidos, acusando que sus planteamientos habrían perjudicado la posición chilena ante la USTR.
Desde Fundación Libera, en tanto, su presidenta Carolina Rudnick rechazó que la organización haya buscado dañar al país o promover la aplicación de aranceles.
La entidad afirmó, en una carta enviada a El Mercurio, que su propuesta apuntaba a reemplazar ese tipo de medidas por un plan de acciones estructurales para abordar las denuncias sobre trabajo forzoso.
El episodio ocurre mientras la Cancillería y representantes del mundo exportador buscan contener los efectos de la decisión estadounidense y evitar nuevas restricciones para los envíos nacionales.
Y paralelamente, se reabrió el debate en el Congreso sobre la necesidad de conocer quién o quiénes aportan financiamiento a estas entidades.
En nuestro país, la Ley 20.500 establece definiciones y mecanismos “para formar asociaciones de ciudadanos de interés público, y define formas en que dichas entidades participarán de la gestión de las autoridades públicas”.
El estatuto reconoce el derecho de las personas para “asociarse libremente en la persecución de fines lícitos” y el deber del Estado de apoyar esas iniciativas.
Por ello, un grupo de parlamentarios planteó un proyecto -que avanzó hasta segundo trámite en 2023- para que las ONG transparenten el origen de sus recursos y también detallen sus citas y reuniones.
Por todo, diputados y senadores oficialistas ya han deslizado su intención de retomar el debate al respecto.
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