Una auditoría y un examen de cuentas realizados por parte de Contraloría a la Universidad del Bío-Bío, único campus 100% estatal en el Gran Concepción, detectó una “deficiente gestión” para recuperar más de 4 mil millones de pesos por concepto de “becas docentes”.
Según lo detectado por Contraloría, en su informe N°128/2026, “la casa de estudios no realizó oportunamente gestiones de cobro respecto de $2.019 millones, ya que se realizaron con posterioridad a la emisión del preinforme de la CGR, sin que a la fecha de emisión del informe final se haya acreditado su reintegro“.
Además, continúa el escrito, “si bien previo a la realización de la auditoría la universidad sí había iniciado acciones judiciales para recuperar otros $2.192 millones, no acreditó la efectiva restitución de esos recursos”.
De esta forma, continúan, existen $308.501.921 por los cuales no se tomaron acciones oportunas para su cobro, generando “la prescripción de las causas y comprometiendo su recuperación”.
A la vez, la CGR detalla que una parte importante de las causas “presenta prolongados períodos de inactividad procesal” y que, incluso, varias de ellas concluyeron sin resultados favorables para la casa de estudios.
“Lo anterior resulta especialmente relevante considerando que, tras el término del contrato de cobranza externa en junio de 2020, la universidad no acreditó la adopción de medidas que garantizaran la continuidad y efectividad de las acciones destinadas a recuperar los recursos comprometidos”.
Contraloría denuncia desorden administrativo y contable
Al ingresar a los registros contables de la institución (una de las casas de estudio pioneras en la formación de Contadores y Contadores Auditores), también se detectaron inconsistencias.
“Al 31 de diciembre de 2024, la UBB no mantenía registrados en su contabilidad $1.452.058.484 correspondientes a deudas derivadas de ceses de patrocinio (con el cual la universidad revoca el respaldo a un académico para un proyecto) ya decretados, además de $88.596.051 asociados a ceses de patrocinio que aún no habían sido formalizados mediante los actos administrativos respectivos”.
También, según denuncia la entidad fiscalizadora, existe “una excesiva demora en la emisión de los decretos universitarios que formalizan el cese de patrocinio institucional. En algunos casos, transcurrieron más de 10 años”.
“Finalmente, se verificaron debilidades en el control de los pagarés asociados al programa de perfeccionamiento académico, debido a la inexistencia de un registro consolidado”.
Medidas ordenadas
Tras los descubrimientos, Contraloría ordenó a la Universidad del Bío-Bío “iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos observados, debiendo remitir a la Contraloría el acto que disponga su inicio dentro de un plazo de 15 días hábiles”.
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