Que la diputada Gazmuri se ocupe de sus invernaderos y deje la reconstrucción a Poduje

Han pasado más de dos años desde el incendio que destruyó viviendas, patrimonios y proyectos de vida en El Olivar. Dos años de incertidumbre, desplazamiento y promesas incumplidas. Durante todo ese tiempo, muchas familias debieron enfrentar prácticamente solas una reconstrucción lenta, confusa y marcada por graves cuestionamientos por la desidia alcanzada por las antiguas autoridades.

Por eso resulta difícil aceptar que quienes estuvieron ausentes durante este largo proceso aparezcan recién ahora para defender la entrega de viviendas que constituyen peligro para las víctimas del incendio. Que, en vez de gastar sus esfuerzos en la reconstrucción o ejercer su rol fiscalizador respecto de los responsables, hagan una defensa corporativa a la empresa que incumplió con la única obligación que tenían, la de construir.

Aquí se requiere construir hogares, por eso es necesario aclararle a algunos parlamentarios, principalmente a la diputada Ana María Gazmuri, que no estamos frente a la construcción o reparación de invernaderos. Repito, se están construyendo casas, hogares, para que las disfruten personas, adultos mayores, niños, familias. En ellas no habrán solo plantas, por lo que es imprescindible que esas viviendas sean seguras, dignas y durables, esto es el mínimo que el Estado debe garantizar, más cuando fue el principal responsable de lo ocurrido.

Los antecedentes incorporados al recurso de protección que apoya la diputada, mediante la utilización indiscriminada de alrededor de 6 víctimas, de un universo de 144 propietarios, dan cuenta de observaciones relevantes en materias estructurales, sísmicas, de resistencia al fuego, aislación acústica, materiales y conexiones. Advierte que las viviendas forman parte de cuatripareos, de modo que la decisión sobre una unidad afecta a las restantes. No basta, entonces, con que una familia acepte recibir su casa con peligro de destrucción o con que una autoridad política declare que las obras deben continuar, eso es ridículo.

Es obligación del Estado proteger la vida y la integridad psíquica y física de las personas. No lo digo yo, sino la Constitución que la diputada ha prometido cumplir en dos oportunidades, pero al parecer no se la ha leído. Por ende, debe tener claro que la seguridad no se plebiscita y no queda a merced de intereses políticos mezquinos. Si en verdad le preocupan las víctimas, no hubiera llegado dos años tarde.

Es preocupante que una parlamentaria ausente, que ni siquiera es de la región, aparezca ahora defendiendo a una empresa privada en vez de estar del lado de los damnificados. En su visita al Olivar estuvo acompañada de sus asesores y asistieron solo dos personas del incendio, que a la sazón son familiares de trabajadores de la empresa cuestionada. Y se preguntará el lector por qué no asistió nadie: esto es porque el show que está haciendo “no se lo compra nadie” y por eso preocupa que gaste recursos públicos y use la plataforma del Congreso Nacional para un gustito personal que solo entorpece.

Las familias de El Olivar no deben ser obligadas a escoger entre seguir esperando indefinidamente o recibir una vivienda con defectos. Esa es una falsa elección y una nueva forma de revictimización. El Estado tiene el deber de entregar una solución oportuna, pero también segura. La urgencia no autoriza a rebajar estándares ni a cubrir problemas con reparaciones cosméticas o soluciones “de parche”.

El 22 de junio presentamos una tercería independiente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en representación de cuatro familias damnificadas, justamente para impedir cualquier solución parche que busca la parlamentaria y con el objetivo claro que se acelere una solución integral de las viviendas de las víctimas.

El Estado prometió que no los dejaría solos. Sin embargo, la desidia y negligencia que atribuimos a algunas exautoridades los dejó durante demasiado tiempo a la deriva. Es necesario terminar con la indolencia, ya es suficiente. Que la reconstrucción sea parte del subsidio público no significa que las víctimas puedan ser tratadas como ciudadanos de segunda categoría. Merecen viviendas óptimas y no soluciones de maestro “chasquilla”.

Por eso, la diputada Ana María Gazmuri haría bien en ocuparse de los cultivos de cannabis que promovió y aclarar de una vez los cuestionamientos de Contraloría por su Fundación Daya del año 2024 que informó Radio Bío Bío en su época. Y deje que la reconstrucción de El Olivar avance con la seriedad que exige el ministro Iván Poduje. Porque aquí no se trata de invernaderos ni de plantas: se trata de hogares, de familias y de la obligación del Estado de reparar sin volver a dañar.