La decisión del gobierno peruano de poner la seguridad pública bajo control militar ha encendido una polémica que trasciende fronteras y se instala también en el debate chileno, donde un sector político ve con interés el modelo implementado por Lima.
La medida, defendida por el Ejecutivo a cargo de Keiko Fujimori como respuesta a la crisis de inseguridad, ha despertado reacciones encontradas entre especialistas, exautoridades y representantes de la sociedad civil, así como una atención creciente en Chile, donde las Fuerzas Armadas empiezan a perfilarse como actores centrales en la discusión sobre el orden público.
De acuerdo con datos recientes de la encuesta Plaza Pública Cadem, el 69% de los chilenos considera que la presencia militar en las calles aumentaría la sensación de seguridad. En el Perú, los sondeos alcanzan igual o mayor porcentaje.
El giro peruano
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció días atrás que efectivos de las Fuerzas Armadas patrullarán las calles y operarán en sistemas de transporte, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), para combatir el avance del crimen organizado.
Según reveló la mandataria durante una transmisión en vivo desde el despacho presidencial, la iniciativa responde tanto a compromisos de campaña como a la urgencia de devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
El gobierno ha confirmado, además, el despliegue militar en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el refuerzo de operativos contra el narcoterrorismo en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
La administración Fujimori también ha anunciado un paquete legislativo orientado a militarizar los puestos fronterizos más estratégicos, endurecer la política migratoria y acelerar las expulsiones de extranjeros condenados. Para ello, solicitará al Congreso facultades legislativas que permitan ejecutar reformas clave en materia de seguridad, economía y modernización del Estado.
Advertencias y cuestionamientos
El debate sobre el rol de los militares en tareas de seguridad ciudadana ha suscitado opiniones divergentes. El exministro del Interior de Perú, Remigio Hernani, criticó la medida con contundencia: “Los militares nunca han solucionado el problema de seguridad ciudadana, ni lo van a solucionar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no es su función”, declaró a BioBioChile.
Hernani reconoció que la presencia de las Fuerzas Armadas puede disuadir delitos en el corto plazo, pero advirtió que ese efecto es pasajero. “Mientras están los militares, no actúa la delincuencia, pero apenas se van, actúan nuevamente”, sostuvo.
El exministro también objetó la posibilidad de ubicar soldados armados en el transporte público, aduciendo riesgos operativos y señalando que un soldado podría convertirse en víctima durante un asalto.
Además, Hernani recomendó fortalecer la inteligencia operativa policial y criticó la “militarización” del Ministerio del Interior, al advertir que la conducción técnica debe recaer en personal con experiencia en delitos urbanos.
Opinión similar expresó Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología en Perú, quien afirmó en diálogo con La Encerrona: “Lo importante, creo yo, en las designaciones, es si la formación que han recibido certifica que conocen los temas de gestión de la seguridad ciudadana, de gestión de lucha contra el crimen”.
Zevallos remarcó que la colaboración militar ha mostrado eficacia en zonas amazónicas, en tareas logísticas y de inteligencia, pero subrayó la necesidad de definir protocolos claros para evitar incidentes y proteger tanto a militares como a civiles.
“Los militares no están entrenados para funciones policiales, su misión principal es enfrentar amenazas externas o conflictos armados”, explicó la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, citada por El País.
El péndulo de la militarización
La tentación de militarizar la seguridad pública se ha repetido en la región ante el avance del crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico. Países como Ecuador, México y El Salvador han recurrido a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles o asumir la gestión de cárceles.
Según comentarios de los mismos expertos, estas experiencias han desembocado en ocasiones en “un aumento indeseado de la violencia, la acumulación de poder político por parte de los militares y reiteradas denuncias por violaciones de los derechos humanos”.
En Argentina aún existe una resistencia institucional mayor a involucrar a los militares en tareas policiales, mientras que en Costa Rica se ha apostado por la inteligencia financiera y el fortalecimiento de las instituciones civiles como vía para frenar el delito, sin recurrir a los ejércitos.
Presión social
En el caso chileno, los recientes datos de la encuesta Plaza Pública Cadem muestran que un 69% de la población cree que los militares en las calles aumentarían la sensación de seguridad.
El sondeo, al que accedió BioBioChile, refleja una demanda social por respuestas más contundentes frente a la criminalidad, aunque las posturas políticas y técnicas permanecen divididas.
La exalcaldesa chilena y excandidata presidencial Evelyn Matthei manifestó su rechazo a la reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas patrullar zonas urbanas y barrios críticos en su país.
“Ha fracasado en todos los países donde se ha introducido, salvo naturalmente en Salvador, pero eso ya no es democracia”, sostuvo Matthei, quien advirtió que tales medidas tienden a polarizar en lugar de resolver el fondo del problema.
“No caer en esa discusión y no caer en una pelea intensa que va a acaparar todos los títulos, que va a acaparar todas las noticias y que sigue polarizando, y que sigue destruyéndonos como sociedad”, declaró durante una actividad académica.
Por su parte, la exministra del Interior Carolina Tohá advirtió en entrevista con TVN que un despliegue militar bajo lógicas policiales puede resultar “muy conflictivo”. Sugirió concentrar a las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica y cuestionó la iniciativa de tipificar como delito el ingreso irregular al país, al señalar que el sistema penitenciario carece de capacidad para procesar a todos los infractores.
El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, respondió que la visión garantista de Tohá “evidentemente tiene que quedar atrás para poder ganarle al crimen organizado”.
Desde la bancada Demócratas, la diputada Joanna Pérez llamó a evitar que la seguridad se convierta en terreno de disputa política y defendió la facultad del Ejecutivo para impulsar reformas legales, exigiendo responsabilidad a todos los poderes del Estado.
Derechos humanos
El regreso de los militares a tareas de seguridad interna evoca episodios recientes y pasados en Perú. Durante el conflicto interno entre los años ochenta y los primeros 2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó “una represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa” de terrorismo, con un saldo estimado de 69.280 muertos, de los cuales el 30% se atribuye a agentes estatales. Este antecedente ha generado una sensibilidad particular en la sociedad peruana acerca de los riesgos de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en asuntos internos.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, advirtió que ampliar el papel militar en la seguridad ciudadana puede elevar el riesgo de un “uso desproporcionado de la fuerza y de nuevas vulneraciones de los derechos humanos”.
Según sus palabras, “al crimen organizado se le combate con inteligencia, investigación financiera, fiscales especializados, control de cárceles y fortalecimiento policial”.
La memoria de estos episodios se entrelaza con el despliegue de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Dina Boluarte para controlar las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo, hechos que dejaron medio centenar de manifestantes muertos por municiones letales de parte de uniformados.
El actual paquete de reformas anunciado por la administración de Fujimori incluye la posibilidad de que los militares asuman la gestión de los centros penitenciarios, en un intento por frenar el auge del crimen organizado.
La militarización de la seguridad pública, lejos de ser una solución unánime, divide a especialistas, exautoridades y sectores de la sociedad tanto en Perú como en Chile.
Si bien la percepción de seguridad puede crecer con la presencia castrense, los expertos y defensores de derechos humanos insisten en que los retos de la criminalidad exigen respuestas más complejas, donde el trabajo policial, la inteligencia y la institucionalidad civil permanecen en el centro de la estrategia. Aunque un grueso de la ciudadanía parece opinar distinto.
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