Avanzar en humanidad

Vivimos un tiempo en que la seguridad pública ocupa, con justa razón, un lugar central en nuestras preocupaciones. Las víctimas del delito merecen protección, justicia y reparación. El Estado tiene el deber de actuar con firmeza frente a la violencia y de resguardar la paz social. Pero también debemos recordar algo esencial: una sociedad no se mide sólo por su capacidad de castigar, sino también por la forma en que trata a quienes se encuentran en mayor fragilidad.

Me refiero a las mujeres embarazadas privadas de libertad, a los niños y niñas que nacen o viven sus primeros años bajo el peso del encierro, y a las personas con enfermedades mentales graves que permanecen en cárceles sin recibir el tratamiento que necesitan. En todos esos casos hay una pregunta profundamente humana que no podemos eludir: ¿qué significa hacer justicia sin perder la dignidad de la persona?

Esta pregunta adquiere especial relevancia en un tiempo en que el debate público vuelve a interrogarse sobre los fundamentos de la convivencia. Como señaló recientemente el Papa León XIV ante el Congreso y el Senado de España, “toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes”.

El caso de Lorenza Cayuhan y de su hija Sayén golpeó la conciencia del país. Una mujer mapuche, embarazada y privada de libertad, fue sometida a una cesárea engrillada y bajo custodia. Ese hecho nos obligó a mirar una realidad dolorosa: cuando la cárcel se aplica sin humanidad, sus efectos pueden alcanzar incluso a quien no ha cometido delito alguno. Ningún niño debe nacer marcado por una pena que no le pertenece. Ninguna madre debe ser tratada de un modo que desconozca su dignidad.

El proyecto de ley “Sayén” surge precisamente de esa herida. No busca impunidad ni desconoce la responsabilidad penal. Busca que el Estado actúe con prudencia, proporcionalidad y humanidad frente a mujeres embarazadas o madres de niños pequeños.

La infancia, la maternidad y la vida que comienza merecen un cuidado especial. Una sociedad que protege a sus niños desde el inicio se fortalece moralmente. No es casual que el Papa León XIV haya recordado hace pocos días que “la defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización”. En efecto, la manera en que una comunidad protege a quienes son más vulnerables revela la calidad moral de sus instituciones.

Algo semejante ocurre con las personas inimputables o con graves trastornos de salud mental que permanecen en cárceles comunes. Si el propio sistema reconoce que una persona requiere atención psiquiátrica especializada, resulta contradictorio mantenerla encerrada sin el tratamiento adecuado. La enfermedad mental no se cura con barrotes. La cárcel no puede transformarse en el lugar al que llegan quienes no encontraron una respuesta oportuna en la salud, en la familia, en la comunidad o en el Estado.

Avanzar en humanidad exige hacer bien las distinciones. No es lo mismo una persona peligrosa que una persona enferma. No es lo mismo sancionar que abandonar. No es lo mismo proteger a la sociedad que esconder bajo llave aquello que no hemos sabido enfrentar con responsabilidad.

Por eso, me permito hacer un llamado.

Primero, a poner siempre a la persona en el centro. Quien está privado de libertad no pierde su dignidad. Quien ha cometido un delito sigue siendo persona. Quien padece una enfermedad mental requiere cuidado. Y quien está por nacer, o vive sus primeros años junto a su madre, no puede ser tratado como una consecuencia inevitable del castigo penal.

Segundo, a no separar justicia y misericordia. La misericordia no debilita la justicia; la purifica. La hace más humana, más razonable y más fiel a su verdadero sentido. Un Estado justo no abandona a las víctimas, pero tampoco deshumaniza a quienes están bajo su custodia. La firmeza sin humanidad termina volviéndose violencia institucional.

Tercero, a construir políticas públicas serias. No basta con conmovernos ante casos dolorosos cuando ya han ocurrido. La humanidad se demuestra antes: al legislar, al asignar recursos, al crear cupos de tratamiento, al coordinar salud y justicia, al fiscalizar las cárceles, al formar a quienes custodian y al asumir que la dignidad humana no puede depender de la disponibilidad presupuestaria.

Chile necesita seguridad. Pero también necesita esperanza, compasión inteligente y una institucionalidad capaz de mirar de frente sus zonas más heridas. La prisión preventiva, la ejecución de las penas y las medidas de seguridad deben aplicarse con responsabilidad, recordando siempre que detrás de cada expediente hay una vida, una familia, una historia y, muchas veces, una profunda vulnerabilidad.

Quisiera terminar haciendo un llamado a toda la sociedad: no normalicemos el sufrimiento innecesario. No aceptemos que una mujer embarazada sea tratada sin consideración. No aceptemos que un niño cargue con un castigo ajeno. No aceptemos que una persona enferma espere en una cárcel lo que debiera recibir en un recinto de salud. Vuelvo a recordar una profunda reflexión del Papa León XIV en el parlamento español: “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?”.

Avanzar en humanidad no es renunciar a la justicia. Es hacerla más plena. Es recordar que incluso allí donde hay culpa, enfermedad, dolor o encierro, sigue habiendo una persona. Y donde hay una persona, hay siempre un deber moral que cumplir.