El de las manos atadas

Unos meses antes de la elección presidencial que llevó a José Antonio Kast a La Moneda, escribí un libro de circulación confidencial titulado Un buen programa para un buen gobierno. Las medidas allí propuestas suponían la existencia de una mayoría parlamentaria suficientemente amplia como para permitir al presidente implementar un programa que, sin duda, difería sustancialmente del estancamiento que hoy ya se observa en varias de sus principales metas.

Una señal elocuente de ese estancamiento es que, de mantenerse las tendencias actuales, la economía chilena ni siquiera alcanzará este año los modestos resultados que obtuvo el gobierno de Boric en su último año de gestión.
Sobre la base de estos antecedentes, me atrevo a pronosticar que el gobierno de Kast terminará siendo un fracaso si no rectifica rápidamente sus líneas de acción.

Reconozco que al final de mi libro planteo una duda fundamental: si los presidentes actuales realmente tienen la capacidad de implementar los programas que prometen durante sus campañas. Esta interrogante surge de un hecho evidente: en el último medio siglo, la autoridad presidencial ha experimentado un deterioro extraordinario, reduciendo significativamente la capacidad de los mandatarios para llevar adelante las transformaciones que se proponen.

Hoy parece, en efecto, que el eje del poder se ha desplazado hacia el Parlamento. Este ha desarrollado diversos mecanismos para obstaculizar las iniciativas presidenciales, siendo el más frecuente el de empantanar los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo mediante una interminable sucesión de indicaciones, modificaciones y propuestas alternativas.

De esta manera, el proceso legislativo puede verse entrampado con gran eficacia, hasta el punto de que, en la práctica, muchas iniciativas presidenciales terminan naufragando, especialmente aquellas que son fundamentales para el programa de gobierno. La proliferación de indicaciones, modificaciones y solicitudes de aclaración se ha convertido en un instrumento tan eficaz de dilación que el poder del Ejecutivo en aquellas materias que requieren aprobación legal ha quedado reducido a una expresión mínima. Como consecuencia, las leyes que finalmente logran aprobarse y promulgarse suelen ser las de menor relevancia o aquellas que generan menos controversia.

Quienes hemos vivido lo suficiente para observar la evolución política de Chile podemos comparar lo que era capaz de hacer un presidente como Jorge Alessandri o Eduardo Frei Montalva con las limitaciones que enfrenta un mandatario en la actualidad. Esa comparación permite advertir con claridad el progresivo traslado del poder desde la Presidencia hacia el Parlamento.

Con el tiempo, uno termina comprendiendo que los presidentes de hoy disponen de atribuciones formales considerables, pero de una capacidad efectiva de acción cada vez más restringida. En muchos aspectos, se han convertido en figuras con las manos atadas. A mi juicio, esa es precisamente la situación a la que ha quedado reducido el presidente Kast.

En realidad, este traslado del poder constituye una de las principales incongruencias de la estructura política chilena. Se mantiene formalmente un régimen presidencial, pero se ha debilitado progresivamente la capacidad efectiva del presidente para gobernar y ejecutar su programa. El resultado es un Poder Ejecutivo privado de las herramientas necesarias para impulsar las transformaciones que el país requiere y para conducir con eficacia su desarrollo económico y social.

Lo que está ocurriendo ahora demuestra con claridad que la necesidad más grande que tiene el país es el de una reforma política que reordene los poderes del Estado y defina con precisión el alcance de sus poderes constitucionales.

No se puede dejar de encontrar la ironía de la situación. Lo que ha maniatado a los presidentes es la Constitución de 1980 con las modificaciones, principalmente de Ricardo Lagos Escobar, la que ha sido tan retorcida que hemos terminado en esto: un equilibrio de poderes constitucionales que termina por hacer estéril todo programa de gobierno.

Si yo estuviera en el lugar de José Antonio Kast prepararía, con un grupo de alta calidad, un proyecto de reforma política y luego lo sometería a un plebiscito nacional. Creo que esa es la única forma de reordenar este país en materia de poderes. Se dirá que un plebiscito no es posible porque a su vez necesita de un decreto ley, pero nada puede impedir que el presidente lo convoque para una tarea tan urgente y necesaria.

Pero, dadas las condiciones institucionales en que nos encontramos, no queda más que reconocer que este gobierno de las manos atadas terminará siendo, probablemente, un fracaso relativo si se lo compara con la amplitud y ambición de su programa. Ese programa fue respaldado por una mayoría contundente de los ciudadanos, pero en Chile las grandes mayorías electorales han perdido gran parte de su eficacia práctica. Una vez concluida la elección, cualquier combinación de partidos opositores con representación parlamentaria puede obstaculizar, desfigurar o incluso neutralizar las principales iniciativas del mandatario, reduciendo a poco o nada aquello que los electores aprobaron en las urnas.

Me propongo analizar, punto por punto, el programa de gobierno a la luz de la realidad política actual, con el propósito de demostrar, mediante argumentos irrefutables, la validez de lo que he sostenido en estas páginas. Mi convicción es que las dificultades que enfrenta este gobierno no son únicamente el resultado de errores circunstanciales o de decisiones equivocadas, sino la consecuencia de un problema institucional más profundo. Por ello, sigo creyendo que la necesidad más urgente de Chile es una reforma política de gran alcance, capaz de restablecer una relación coherente entre la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y la capacidad efectiva de los gobiernos para llevar adelante el mandato que reciben.

Para muestra, un botón. Todos sabemos que una necesidad urgente del país es ganar la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado. También es evidente que esa tarea requiere mucho más que medidas administrativas aisladas: exige cambios profundos en la legislación, en las instituciones y en la capacidad operativa del Estado.

Sin embargo, seguimos perdiendo la lucha por el orden y la seguridad. Ni la delincuencia disminuye de manera sostenida, ni las bandas criminales son desarticuladas con la eficacia necesaria, ni mejora el clima de convivencia en establecimientos educacionales donde, en algunos casos, la conducta disruptiva de ciertos alumnos se ha vuelto un problema serio.

Esto ocurre, en parte, porque las herramientas reales de acción del presidente son limitadas. En la práctica, su margen de maniobra se reduce a reforzar contingentes de Carabineros y recurrir a la presencia de las Fuerzas Armadas en estados de excepción, mecanismos que, por su naturaleza y restricciones legales, tienen un alcance acotado y efectos temporales.

Lo único que podría salvarnos del pantano en el que el país está sumergido es mediante actos de energía presidencial que cambiarían la suerte del país, pero a riesgo de ser acusado y condenado por actos anticonstitucionales y hasta por violación de los derechos humanos.

Por todo lo dicho de no cambiar realmente la situación los chilenos tenemos que terminar de resignarnos a la mediocridad y a la inseguridad de nuestra vida actual.