Cuando las autoridades no escuchan: el incendio en Cerrillos que pudo evitarse

El incendio de grandes proporciones que afecta a una planta procesadora de neumáticos en Cerrillos no puede ser tratado simplemente como una emergencia accidental. Lo que hoy ocurre en la comuna, con una enorme nube tóxica cubriendo gran parte de Santiago, vecinos evacuados y decenas de compañías de Bomberos desplegadas, era una tragedia que pudo evitarse. Y lo más grave es que existieron advertencias previas.

El 6 de abril de 2025, vecinos y vecinas del sector denunciaron públicamente el peligro que representaba la acumulación masiva de neumáticos en un recinto ubicado en Avenida Pedro Aguirre Cerda, colindando directamente con viviendas habitacionales. Fue el medio comunitario Cerrillos Informado quien recogió esa denuncia y expuso una preocupación tan simple como alarmante: “Vivimos frente a esto y nadie hace nada”.

Hoy, esa frase adquiere un significado mucho más profundo. Porque lo ocurrido demuestra que ese temor no era exagerado ni una reacción desmedida. Era una advertencia concreta frente a un riesgo evidente que terminó convirtiéndose en una emergencia real.

Después del incendio, queda en evidencia una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién escuchó esas denuncias? Porque cuando una comunidad advierte un peligro evidente, cuando vecinos alertan sobre una situación que puede afectar su seguridad y cuando un medio local cumple su deber informando a tiempo, la responsabilidad de actuar deja de ser opcional y pasa a transformarse en una obligación de las autoridades.

Y aquí es donde el Estado vuelve a fallar. Las instituciones públicas no pueden limitar su rol a reaccionar cuando la emergencia ya explotó. La Municipalidad, la Seremi de Salud, los organismos fiscalizadores, las autoridades ambientales y todos los servicios encargados de supervisar actividades de este tipo debieron intervenir mucho antes.

Debieron escuchar a los vecinos y vecinas. Debieron fiscalizar preventivamente a la empresa. Debieron revisar si existían permisos vigentes, si el almacenamiento cumplía condiciones mínimas de seguridad, si el recinto respetaba las normas ambientales y si era razonable permitir que una actividad de alto riesgo operara a pocos metros de sectores residenciales.

Pero nada de eso ocurrió con la urgencia necesaria. Y hoy la comunidad paga las consecuencias.

Es cierto que ahora Bomberos, equipos de emergencia y distintas autoridades trabajan intensamente para controlar el incendio. Sin embargo, la discusión de fondo no puede agotarse únicamente en la reacción posterior, porque lo ocurrido vuelve a exponer un problema estructural que Chile arrastra hace demasiado tiempo: nuestras instituciones siguen funcionando muchas veces bajo una lógica reactiva, actuando solo cuando el daño ya está hecho. Y este punto es importante.

Esto no es un problema de izquierda o de derecha. No se trata del gobierno de turno ni de utilizar una tragedia para instalar disputas políticas menores. Se trata de algo mucho más profundo: un Estado que en demasiadas ocasiones parece incapaz de anticiparse a riesgos que son advertidos por las propias comunidades.

Las instituciones existen precisamente para prevenir. Para fiscalizar antes del desastre. Para detectar amenazas antes de que se transformen en emergencias. Para actuar cuando la ciudadanía advierte que algo no está funcionando.
No después. Antes.

Resulta incluso más preocupante que haya sido un medio comunitario como Cerrillos Informado quien visibilizó el riesgo antes que las propias instituciones encargadas de fiscalizar. Hoy no basta con explicar cómo se controlará el incendio. También corresponde explicar por qué no se actuó cuando la alerta ya estaba sobre la mesa.

Gobernar no consiste solamente en reaccionar frente a una crisis. Gobernar significa prevenir. Porque este incendio no comenzó hoy. Comenzó el día en que vecinos y vecinas advirtieron públicamente un peligro evidente y nadie decidió escucharlos.

Y cuando una tragedia ocurre después de advertencias claras, la discusión deja de tratarse solamente de un accidente. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas tragedias más deberán ocurrir antes de que entendamos que un país serio no se construye con instituciones que llegan después del desastre, sino con instituciones capaces de actuar antes de que el desastre ocurra? Porque cuando el Estado escucha tarde, las consecuencias siempre terminan pagándolas las comunidades.