Cuando se entiende la cultura principalmente como un gasto excesivo, un sector que debe ordenarse o un espacio que debe alinearse, resulta imposible desarrollar una política cultural consistente.

Cuando discutimos sobre las culturas, las artes y los patrimonios estamos discutiendo quiénes somos como sociedad, qué relatos valoramos, qué memorias preservamos y cómo convivimos con nuestras diferencias. Por eso la institucionalidad cultural habla de culturas y artes en plural: porque reconoce que Chile está compuesto por múltiples identidades, tradiciones, memorias, expresiones artísticas y formas de entender la vida común. Es, por definición, un espacio de diversidad, debate y disputa.

Por eso resulta preocupante la manera en que el ministro Francisco Undurraga parece entender las culturas y la institucionalidad llamada a promoverlas y protegerlas.

La primera señal fue presupuestaria. Mientras el ministro Quiroz instruyó una reducción general de 3% en los ministerios, Culturas terminó sufriendo un recorte cercano al 10%, uno de los más significativos desde la creación del ministerio. A ello se sumó una declaración reveladora del ministro Undurraga, en donde señaló que “hay un gasto excesivo en cultura aparentemente provocado por una obsesión del gobierno anterior de señalar que hay que llegar al 1% del presupuesto”.

Acercar la inversión cultural al 1% del presupuesto nacional no fue una “obsesión” de un gobierno en particular. Ha sido una aspiración histórica del mundo cultural y una meta compartida durante años por organizaciones culturales, especialistas y distintos gobiernos, como una forma de aproximar a Chile a los niveles de inversión pública en culturas propuesto por Unesco. Reducir esa discusión a una obsesión ideológica revela una comprensión limitada de un debate que el país arrastra desde hace décadas.

Las señales posteriores no han sido mejores. El episodio de La Pérgola de las Flores fue revelador. Más allá de las diferencias de interpretación sobre lo ocurrido aquella noche, llama la atención que la respuesta de la autoridad haya sido buscar responsables dentro del propio mundo cultural. En vez de preguntarse por qué existe malestar en una parte del sector, optó por atribuirlo a una operación en su contra.

Algo similar ocurre con sus reiteradas referencias a que ellos ganaron la elección y que, por tanto, les corresponde implementar “su proyecto”. Nadie discute la legitimidad de su triunfo. Pero las culturas no operan bajo la lógica de vencedores y vencidos. La creación artística, la actividad patrimonial y la vida cultural del país no pertenecen al gobierno de turno ni pueden ordenarse bajo una única sensibilidad política.

No por casualidad el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue fruto de amplios acuerdos políticos. La institucionalidad cultural no fue concebida para representar a un sector ideológico, sino para resguardar una diversidad que pertenece a todo el país. Su misión no es alinear a los actores culturales detrás de un proyecto político, sino garantizar las condiciones para que distintas expresiones puedan desarrollarse y convivir.

Y aquí aparece el problema de fondo. Cuando se entiende la cultura principalmente como un gasto excesivo, un sector que debe ordenarse o un espacio que debe alinearse, resulta imposible desarrollar una política cultural consistente.
Más allá de los recortes, sigue siendo difícil identificar una política cultural para Chile. ¿Cómo se fortalecerá la creación artística? ¿Qué papel tendrán las industrias creativas, el sector audiovisual, editorial, teatral o musical en la estrategia de desarrollo del país? ¿Cómo se enfrentará la precariedad laboral de miles de trabajadores culturales? ¿Cómo se ampliará el acceso y la participación cultural? Nada de eso ha sido respondido.

Las organizaciones comunitarias, compañías de teatro, museos, bibliotecas, editoriales, productores audiovisuales, artistas plásticos o sellos musicales no son una extensión del gobierno ni una oposición que deba ser derrotada. Son parte de un ecosistema diverso que precede a esta administración y que seguirá existiendo cuando termine.

La pregunta, entonces, no es si el ministro tiene derecho a impulsar sus prioridades. Lo tiene. La pregunta es si comprende la naturaleza de la institución que encabeza.

Porque la función del Ministerio de las Culturas no es representar la identidad del Gobierno de turno ni administrar la cultura como un problema presupuestario. Es resguardar la diversidad cultural de Chile y promover su desarrollo. No es un detalle. Es la razón misma de su existencia. Y el ministro debe ser el principal garante.