Presidente Kast, así no funciona la democracia

Una de las bases esenciales de cualquier democracia es que las leyes se respetan. Parece una obviedad, pero cuando el propio Estado comienza a buscar atajos para sortearlas, es necesario recordarlo. Porque eso es precisamente lo que está ocurriendo con la decisión del Servicio de Impuestos Internos de crear un mecanismo especial para que las plataformas de apuestas online se inscriban, declaren y paguen impuestos en Chile. ¿Cómo puede el Estado crear un régimen tributario especial para una actividad que hoy no cuenta con autorización legal para operar en el país?

La Corte Suprema ha sido clara. Las plataformas de apuestas online que funcionan sin autorización legal operan al margen del ordenamiento jurídico chileno. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional discute un proyecto de ley destinado precisamente a resolver esa situación y definir si estas plataformas serán reguladas, autorizadas o sujetas a nuevas exigencias.

Sin embargo, antes de que el Parlamento termine su trabajo y antes de que exista una ley que zanje la discusión, el Servicio de Impuestos Internos decide actuar como si el debate ya estuviera resuelto, dando una señal política grave.

Porque aquí no estamos hablando de cobrar impuestos a una actividad cualquiera. Estamos hablando de que un organismo público está construyendo un mecanismo especial para relacionarse con empresas cuya actividad ha sido cuestionada por los tribunales y cuya regulación aún se encuentra pendiente en el Congreso. En otras palabras, mientras la ley no las reconoce, el Estado comienza a tratarlas como si fueran actores económicos plenamente legítimos.

Habría que preguntarle a María Trinidad Sainz, otrora lobista principal de las empresas de juegos online, quien actualmente se desempeña como asesora legislativa de la Segpres, cuál fue el motivo del Gobierno para la creación de un estatuto especial de impuestos para una actividad ilegal.

Tal vez se le debe explicar -nuevamente- al presidente Kast y sus asesores que las democracias no funcionan de esa manera. Las leyes las dicta el Congreso. Los tribunales interpretan y hacen cumplir esas leyes. Los servicios públicos las ejecutan. Cuando un organismo administrativo pretende adelantarse a las decisiones del Poder Legislativo o relativizar los efectos de un fallo judicial, se cruza una línea peligrosa.

El argumento de que “cobrar impuestos no significa legalizar” es una excusa que no resiste análisis político ni institucional. Si mañana el Estado creara un sistema especial para registrar, declarar y tributar una actividad prohibida, cualquier ciudadano entendería que existe una validación práctica de esa actividad. Las señales importan. Y las señales que entrega el Estado aún más.

Lo que está ocurriendo es particularmente preocupante porque confirma una lógica cada vez más frecuente: gobernar por decreto, por resolución administrativa o por simple interpretación burocrática, evitando el debate democrático y la discusión legislativa. Cuando eso ocurre, el Congreso deja de ser el espacio donde se construyen las reglas comunes y las instituciones comienzan a actuar según su propia conveniencia.

Si el Gobierno cree que las apuestas online deben operar legalmente en Chile, tiene un camino institucional para lograrlo: impulsar y aprobar una ley. Si considera que los fallos judiciales deben modificarse, existen mecanismos jurídicos para ello, deben hacerse parte en las causas y tramitarlas. Lo que no puede hacer el presidente Kast es utilizar organismos del Estado para construir, por la puerta trasera, una legalización de facto que el legislador aún no ha aprobado.

Porque si aceptamos que un servicio público puede crear tratamientos especiales para actividades que la ley no reconoce, mañana cualquier organismo podría sentirse autorizado para hacer exactamente lo mismo. Y cuando las instituciones comienzan a actuar fuera de los límites que les fija la ley, el problema deja de ser las apuestas online. El problema pasa a ser el respeto mismo al Estado de Derecho.

Las reglas existen precisamente para los momentos en que alguien quiere saltárselas. Y hoy corresponde decir con claridad que Chile no puede transformarse en un país donde las actividades ilegales se legalizan por resolución administrativa, donde los fallos de la Corte Suprema se relativizan por conveniencia recudatoria pública o personal y donde el Congreso es reemplazado por un decreto.

La ley debe discutirse en el Congreso. Los fallos deben cumplirse. Y los servicios públicos deben actuar dentro de sus atribuciones. Todo lo demás es debilitar las instituciones que sostienen nuestra democracia para la conveniencia de unos pocos.