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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República tomó la determinación de suspender las funciones de la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, debido a su reiterado incumplimiento en entregar informes solicitados por el ente fiscalizador. La medida se mantendrá vigente hasta que se reciban todos los informes requeridos, durante los cuales el municipio debe suspender el pago de remuneraciones a la funcionaria. La decisión se basa en la Ley N°10.336, que faculta al Contralor General a exigir datos e información a las autoridades y funcionarios, con la posibilidad de aplicar multas o suspensión de funciones en caso de incumplimiento.

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió aplicar este miércoles la suspensión de funciones de la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso.

Lo anterior debido al reiterado incumplimiento de su obligación de responder a diversos informes solicitados por el organismo de control, según precisó el ente contralor.

“Esta medida, que rige a contar de esta fecha, se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por la CGR, período durante el cual el municipio deberá suspender el pago total de remuneraciones a dicha funcionaria”, agrega.

La resolución de la CGR se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N°10.336, que faculta “al Contralor General para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario”.

Del mismo modo, dicho artículo “establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos”.

Así las cosas, el ente reiteró la importancia de cumplir con los mecanismos de reporte establecidos, “los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública”.