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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Cristina Fernández denunció ante la ONU su condena por corrupción en Argentina, argumentando ser víctima de "machismo estructural". La expresidenta alega ilegalidades en su caso y cuestiona la independencia judicial, refiriéndose a su inhabilitación perpetua como forma de "proscripción". Sostiene que su situación se debe a una campaña de discriminación por ser mujer y líder política.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para reclamar contra la sentencia por corrupción por la que fue condenada, asegurando estar presa por culpa del “machismo estructural que todavía subsiste”.

A través de una carta abierta, la exmandataria trasandina afirmó que acude al panel de Naciones Unidas guiada por “el profundo sentido cívico y el respeto institucional” y por “la indignación” que le generan las “ilegalidades” de las que asegura ser “víctima”.

“Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”, sostuvo.

Fernández fue condenada por la denominada causa “Vialidad” el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 a seis años de prisión, que cumplirá en su domicilio, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Durante la investigación se detectaron irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Cristina Fernández (2007-2015).

La condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa y confirmó la sentencia.

“Un machismo estructural que todavía subsiste”

En la misiva, Cristina calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción”, añadiendo que dicho mecanismo constituye “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.

“No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”, indicó.

En ese sentido, atribuyó su situación a una campaña contra su condición de mujer expresidenta, afirmando que “no es una casualidad” ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema.

“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, expresó.

“Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”, manifestó.

“Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual”, .

Fernández aseguró estar frente a “una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.