Enviando corrección, espere un momento...
La cuenta pública es el mayor hito republicano en que la transparencia se manifiesta, siendo un derecho de la ciudadanía y una obligación del gobernante. No se le habla a un sector, se le habla al país.
La Constitución es clara: cada 1 de junio, el Presidente debe dar cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. Es decir, debe mostrar a la ciudadanía una fotografía del momento: cómo está la situación administrativa, financiera y política del país. Hay espacio para soluciones y proyecciones, pero lo principal es la fotografía.
Se debe dar cuenta de cómo se administró, en qué estado se recibió el país y qué se ha hecho hasta ese momento. Esa imagen debe ser completa, porque es el momento republicano de la verdad; y la verdad, para ser tal, no puede ser selectiva. No puede contarse solo lo cómodo o solo hablar a la galería.
Lo ocurrido en la cuenta pública de Rodrigo Mundaca en Valparaíso es un ejemplo claro de lo que no debe hacerse. Se limitó a hablar de proyectos de otros organismos, donde el Gobierno Regional solo pasó el dinero y luego ni siquiera fiscalizó seriamente. Olvidó contar que Contraloría mantuvo observados $3.880 millones en recursos sin rendir, observados o por reintegrar, y que formulará reparo por $231,6 millones, según el Informe Final N° 152-2025. También olvidó decir que se enviaron antecedentes al Ministerio Público para que investigue eventuales delitos, y que se ordenó sustanciar sumario administrativo.
Ahí tenemos una cuenta pública que se limitó a hablar de millones y de la gestión ajena, dejando relegada la verdad. Lo ocurrido en Valparaíso no es un caso aislado. Es parte de una enfermedad más amplia: transformar las cuentas públicas en vitrinas de ilusiones y gasto público —bajo la denominación de inversión—, y no en ejercicios de verdad.
Eso también pasó con Gabriel Boric. Sus cuentas públicas fueron una batería de anuncios, promesas y proyectos que se pretendía impulsar, dejando en segundo plano el examen honesto de lo efectivamente cumplido.
Los datos son claros. En 2023, Boric reafirmó su compromiso de terminar con el CAE y lo condicionó al pacto fiscal; sin embargo, a enero de 2026 el proyecto FES seguía en el Senado, sin certeza de convertirse en ley. En salud, pese al compromiso de reducir en 40% los tiempos de espera, un estudio citado por BioBioChile advirtió que las listas aumentaron 21%, llegando a 2.495.817 personas al cierre de 2025.
Incluso el balance legislativo muestra esa distancia entre promesa y resultado: a marzo de 2025, el programa de Boric registraba 216 promesas legislativas, con un avance general de 38%, y 105 promesas con 0% de avance, según Fundación Ciudadanía Inteligente.
Ese es el riesgo de confundir cuenta pública con discurso de campaña. En una cuenta se señala lo que se hizo; en una campaña, lo que se pretende hacer. Si bien al mostrar un problema es legítimo hablar de soluciones, el mandato constitucional se cumple principalmente con lo primero, no con promesas. Eso es lo que algunos aún no entienden, pese a la claridad de la norma: “dar cuenta del estado administrativo y político de la Nación”.
Por eso, la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast debe ser distinta. Kast llega al Congreso con poco más de dos meses de gobierno y con la obligación de decir cómo recibió el país, qué ha hecho en estos primeros 81 días y qué podrá o no podrá hacer. Debe ser una radiografía administrativa y financiera del Estado, no caer en la tentación de emitir frases para el aplauso fácil.
La denominada “Inspección Total al Estado” que impulsó, abrió una puerta que no se puede cerrar. El Gobierno informó alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones, luego de revisar más de 913 millones de datos de más de 500 servicios públicos, e instruyó investigaciones en Junaeb, Ministerio de la Mujer, Transportes y ANID. También se mencionaron pagos postergados por US$3.200 millones y compras vía trato directo o compra ágil por US$3.170 millones.
A eso se suma la denuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre inconsistencias en las proyecciones de deuda pública heredadas del gobierno anterior: una subestimación cercana a US$10.500 millones, deuda que superaría el umbral prudencial de 45% del PIB hacia 2028 y un déficit efectivo 2026 estimado en 2,9% del PIB, superior al 1,8% previsto al final de la administración Boric.
Esa información debe estar en una cuenta pública de verdad. No para instalar una vendetta, ni para esconderse detrás del desastroso legado de Boric, sino para transparentar el punto de partida y asumir con seriedad qué se recibió y qué se hará para corregirlo.
Porque la cuenta pública es el mayor hito republicano en que la transparencia se manifiesta, siendo un derecho de la ciudadanía y una obligación del gobernante. No se le habla a un sector, se le habla al país. Kast tiene ahora la oportunidad —y el deber— de recuperar su sentido original: rendir cuentas y no regalar ilusiones.
